LA JUSTICIA DOMINICANA EN BARAHONA: ENTRE EL PODER ECONÓMICO Y LA DEUDA MORAL DE
LA JUSTICIA DOMINICANA EN BARAHONA: ENTRE EL PODER ECONÓMICO Y LA DEUDA MORAL DEL ESTADO
UN SISTEMA JUDICIAL BAJO SOSPECHA: CUANDO EL DINERO PARECE PESAR MÁS QUE LA LEY.
En la provincia de Barahona, al sur de la República Dominicana, se respira un aire de desconfianza que se ha ido sedimentando con el paso de los años. No es una percepción aislada ni una exageración emocional: es el resultado de múltiples experiencias, testimonios y decisiones judiciales que han dejado un sabor amargo en la conciencia colectiva. La justicia, ese pilar fundamental del Estado de derecho, parece tambalearse peligrosamente ante la sombra del poder económico y las influencias de sectores privilegiados, particularmente de entidades financieras.
El principio del debido proceso, consagrado en la Constitución dominicana, establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo, imparcial y basado en pruebas. Sin embargo, en Barahona, cada vez son más las voces que denuncian que este principio está siendo vulnerado sistemáticamente. Se habla de sentencias que no responden al mérito jurídico de los casos, sino a factores externos como el estatus económico de las partes o sus conexiones con sectores de poder.
Las entidades financieras, en particular, parecen gozar de una posición privilegiada dentro del sistema judicial de la provincia. No importa si tienen o no la razón en un litigio: la percepción generalizada es que difícilmente perderán un caso. Esto plantea una interrogante inquietante: ¿qué tipo de relación existe entre algunos jueces y estas instituciones? ¿Se trata de miedo, de presión, o de compromisos adquiridos que comprometen la independencia judicial?
La Constitución de la República Dominicana es clara en su artículo 69, donde establece el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Este artículo no es una sugerencia, es un mandato. Además, la Ley No. 821 sobre Organización Judicial y la Ley No. 327-98 sobre Carrera Judicial establecen normas estrictas sobre la conducta de los jueces, su independencia y su deber de actuar con imparcialidad. Cuando un juez permite que factores externos influyan en su decisión, no solo viola la ley, sino que traiciona la esencia misma de su función.
Las consecuencias de esta situación son devastadoras. No solo afectan a las partes directamente involucradas en los casos, sino que erosionan la confianza de toda una sociedad en sus instituciones. Cuando un ciudadano siente que no puede obtener justicia porque no tiene dinero o influencia, se rompe el contrato social. Se abre la puerta al desorden, a la desesperanza y, en el peor de los casos, a la justicia por mano propia.
Es por ello que resulta urgente una intervención profunda en el sistema judicial de Barahona. No se trata de una cacería de brujas, sino de una revisión seria, objetiva y transparente del desempeño de los jueces. Aquellos que hayan incurrido en faltas graves deben ser sancionados conforme a la ley, que contempla desde la suspensión hasta la destitución, e incluso responsabilidades penales en casos de corrupción, según lo establece el Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
La advertencia es clara y contundente: ningún juez está por encima de la ley. El artículo 149 de la Constitución establece que el Poder Judicial es independiente de los demás poderes del Estado, pero esa independencia no es sinónimo de impunidad. Muy por el contrario, implica una mayor responsabilidad ética y legal. La corrupción judicial no solo es un delito, es una amenaza directa a la democracia.
Además, la Ley No. 41-08 de Función Pública y la Ley No. 340-17 sobre Compras y Contrataciones también establecen principios de transparencia y ética que deben ser observados por todos los funcionarios públicos, incluyendo los jueces. El incumplimiento de estos principios puede dar lugar a sanciones administrativas y penales. No hay excusas ni zonas grises cuando se trata de justicia.
Es necesario también fortalecer los mecanismos de control y supervisión. El Consejo del Poder Judicial debe asumir un rol más activo en la evaluación del desempeño de los jueces en Barahona. Las auditorías judiciales, las inspecciones sorpresa y la revisión de sentencias deben convertirse en prácticas habituales, no en excepciones. La transparencia no puede ser un discurso, debe ser una realidad palpable.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. La sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos en general tienen un papel crucial en la vigilancia del sistema judicial. Denunciar, documentar y exigir rendición de cuentas son acciones fundamentales para provocar el cambio. El silencio solo beneficia a quienes operan en la sombra.
En este contexto, surge una propuesta que, aunque drástica, podría ser necesaria: la rotación o traslado de jueces en la provincia de Barahona. Cuando existen indicios persistentes de parcialidad o vínculos indebidos con sectores específicos, el cambio de jurisdicción puede ayudar a romper esos lazos y restaurar la confianza en el sistema. Esta medida debe ser aplicada con criterios técnicos y legales, evitando arbitrariedades, pero sin temor a tomar decisiones firmes.
La justicia no puede seguir siendo percibida como un privilegio reservado para quienes tienen recursos o conexiones. Debe ser un derecho accesible para todos, sin distinción. Esa es la esencia de un Estado democrático y social de derecho. Y esa es la deuda moral que el sistema judicial tiene con el pueblo de Barahona.
La historia juzgará con severidad a quienes, teniendo la responsabilidad de impartir justicia, eligieron el camino de la complacencia o la corrupción. Pero también reconocerá a quienes se atrevieron a alzar la voz, a denunciar y a exigir un cambio. Este es un momento decisivo. No se trata solo de Barahona, se trata del alma misma de la justicia dominicana.
La advertencia final no admite ambigüedades: si no se corrigen estas prácticas, si no se sanciona a los responsables y se fortalece la institucionalidad, el sistema judicial corre el riesgo de colapsar en su credibilidad. Y cuando la justicia pierde credibilidad, pierde todo.
Es hora de actuar. Con firmeza, con valentía y con apego irrestricto a la ley.
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