Aunque hay avances legales, el país aún no conoce con certeza cuántas personas tienen discapacidad
El país cuenta con un marco legal y compromisos internacionales sobre discapacidad, pero el subregistro en el censo de 2022 impide dimensionar el fenómeno. Conozca por qué y qué se propone para mejorar los datos.
En los últimos años, la conversación pública sobre discapacidad ha ganado espacio en República Dominicana gracias al trabajo de organizaciones y fundaciones, así como al liderazgo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). Fruto de esta concienciación son la Ley No. 5-13 sobre Discapacidad, la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista y su reglamento, el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 y el Catálogo de Intervenciones de los Servicios Regionales de Salud.
En el plano internacional, el país ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que sirve de marco a las políticas públicas. Sin embargo, estas circunstancias favorables no han permitido conocer con certeza qué porcentaje de la población tiene alguna condición de discapacidad, lo que limitaría el diseño y orientación de estrategias en el área.
Los datos oficiales disponibles provienen del X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, que por primera vez incluyó las seis preguntas de la «lista breve» del Grupo Washington de Estadísticas sobre Discapacidad, creado por la ONU para estandarizar la medición y permitir comparaciones internacionales. Las preguntas abordan visión, audición, movilidad, cognición (recordar/concentrarse), autocuidado y comunicación. No obstante, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) señaló en una publicación de marzo de ese año que estas preguntas no fueron pensadas para identificar condiciones específicas de discapacidad, lo que genera subregistro por ocultamiento, minimización, forma de plantear las preguntas u omisión de evidencia.
Para subsanar estos vacíos existen propuestas que mejoran los datos censales, como optimizar la información sobre la niñez (los censos parten de los cinco años), incluir otras limitaciones del desarrollo y psicosociales, y formular las preguntas de modo que las respuestas no estén condicionadas por el estigma. Aunque el censo de 2022 adopta el enfoque de funcionamiento según estándares internacionales, sus resultados futuros pueden enriquecerse y el subregistro eliminarse mejorando la accesibilidad, la entrevista y la participación de las personas con discapacidad, según la CEPAL. En el país están sentadas las bases para elevar la confiabilidad de las estadísticas sobre discapacidad.
