Veinticinco estados demócratas demandaron que la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump excede sus poderes.
El gobierno Trump anunció el de entre el 10 % y el 12.5 % sobre de Estados Unidos, luego de una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes de países que recurren a.
"No existe una relación racional entre el supuesto problema del en las cadenas de suministro internacionales y los globales generalizados" que impuso la ( ), argumentó la coalición de estados en su demanda.
Los se impusieron tras de la sobre denuncias de " ", realizadas en virtud de la de la.
En una declaración transmitida a la AFP, el portavoz de la , , aseguró que "Estados Unidos está utilizando su para lograr la eliminación de políticas, actos irrazonables y prácticas que perjudican el comercio estadounidense".
Washington considera que la mayoría de sus , como por ejemplo la , no se atiene a las mismas exigencias de lucha contra el que mantiene Estados Unidos.
Desde que asumió el cargo por su , Trump ha trastocado el al imponer tanto a aliados como a adversarios.
Trump ha sostenido que los de Estados Unidos se han estado aprovechando de la y ha buscado utilizar los como palanca para lograr nuevos acuerdos comerciales.
Su primera ronda de fue anulada por la en , por lo que Trump los reemplazó con un.
Los nuevos de la sustituyeron ese gravamen y entraron en vigor cuando el arancel del 10% expiró el.
En sus alegatos, los estados gobernados por argumentaron que las de la fueron "un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un ", según el documento de la demanda.
El documento expone una cronología de las declaraciones de funcionarios de la y sostiene que las por parte del de la fueron apresuradas y prejuzgaban el resultado.
"Los Estados Demandantes se oponen al en todas sus formas y apoyan la en todo el mundo.
Pero la no puede utilizar el como pretexto para continuar con su ilegal esquema arancelario", arguyen.
Una vez la emitió su veredicto sobre los para aplicar , el gobierno Trump utilizó los mecanismos a su alcance, por lo que el éxito de esta es una incógnita.
Según los alegatos, consultados por la AFP, los demandantes señalan en particular la ausencia de un mecanismo que permita a los ver cómo los finalizan si ponen término a las prácticas denunciadas, lo cual es contrario al.
"En lugar de tomar medidas que podrían realmente combatir el , la ha llegado a una conclusión inevitable con el fin de imponer próximos a aquellos que los tribunales han anulado en dos ocasiones", denunció en un comunicado la del estado de , , que forma parte de los demandantes..
