Fallo del Constitucional impacta el Sur, donde encuestas definen campañas y turismo electoral.
El Tribunal Constitucional devolvió al TSE el expediente sobre la regulación de encuestas, un caso que afecta a Barahona y la región Sur, donde la opinión pública y el turismo electoral dependen de sondeos transparentes.
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó devolver al Tribunal Superior Electoral (TSE) el expediente sobre la prohibición de encuestas electorales, al considerar que el envío realizado por el TSE fue un 'erróneo envío'. La decisión, dada a conocer esta semana, mantiene en vilo a las comunidades del Sur, donde la difusión de encuestas es vital para la actividad política y el comercio local durante los ciclos electorales.
El caso se originó cuando la Junta Central Electoral (JCE) emitió la Resolución 14-2026, el 22 de mayo de 2026, que regula el registro de firmas encuestadoras y la publicación de sondeos. La organización Justicia Sin Fronteras impugnó la resolución ante el TSE, que se declaró incompetente y remitió el expediente al TC, alegando un asunto de constitucionalidad. Sin embargo, el TC aclaró que el TSE no puede convertir un proceso en uno constitucional solo por declararse incompetente.
El Constitucional subrayó que 'ningún órgano jurisdiccional de la República tiene la facultad para constituir a este tribunal en un tribunal de envío o reenvío'. Esto significa que el caso retorna al TSE, que deberá decidir sobre la impugnación de Justicia Sin Fronteras. Para la región Sur, esto implica que la suspensión provisional del artículo 13 de la resolución, que prohíbe publicar encuestas fuera de precampaña y campaña, se mantiene vigente, dando tranquilidad a medios y encuestadoras locales que dependen de estos datos para informar a la ciudadanía.
El TC no se pronunció sobre la constitucionalidad de la regulación de la JCE ni sobre la suspensión provisional solicitada. La decisión se limita a un aspecto procesal, dejando el fondo del asunto sin resolver. Mientras tanto, en Barahona y otras provincias del Sur, los actores políticos y sociales esperan que el TSE asuma su responsabilidad y resuelva el conflicto sin más dilaciones, para que las próximas elecciones se desarrollen con reglas claras y sin restricciones que afecten la libertad de información.
