El problema ya no es solo de la frontera. Es de cada barrio donde un supermercado independiente pelea por sobrevivir.
Las denuncias sobre cargas declaradas en tránsito internacional hacia Haití que nunca completan el cruce y terminan en el mercado dominicano no son un tema técnico de aduanas. Son una distorsión que castiga a quien cumple la ley y premia a quien aprovecha la sombra del sistema. Si se confirma, estamos ante una competencia desleal estructural que está empujando al cierre a cientos de negocios formales.
El esquema que distorsiona el mercado
Según reportajes recientes y denuncias empresariales, mercancías extranjeras ingresan a República Dominicana bajo el régimen de tránsito internacional con destino a Haití. Ese régimen concede suspensión temporal de tributos precisamente porque la carga no está destinada al consumo nacional. La Ley General de Aduanas 168-21 es clara: el tránsito internacional exige que el trayecto comience y termine en el extranjero. Si la mercancía no cruza efectivamente la frontera y no queda bajo control de la aduana haitiana, el régimen no se perfecciona.
Lo que se está denunciando es que muchas de esas cargas llegan a Dajabón, se descargan cerca del mercado fronterizo y luego se redistribuyen hacia el interior del país. Productos que debieron salir de territorio dominicano terminan compitiendo en anaqueles locales. Y lo hacen, presuntamente, sin haber pagado los mismos aranceles, sin haber asumido los mismos costos de cumplimiento y, en varios casos, sin el registro sanitario exigido.
El reportaje de VotarD Media, “Más de US$1,000 millones desviados: Cómo opera la red fronteriza”, muestra fotografías y recibos de productos localizados en sucursales de La Sirena y Supermercados Olé. Esas imágenes constituyen denuncias periodísticas que deben ser verificadas por las autoridades. La cifra de más de mil millones de dólares tampoco ha sido confirmada por un informe oficial. Pero el mecanismo que describen es lo suficientemente grave como para exigir una investigación inmediata y transparente.
El daño real lo pagan los independientes
El supermercado independiente no compite en igualdad de condiciones. Paga alquiler, nómina, energía, seguridad social, impuestos, financiamiento y compra a importadores formales que ya incorporaron en el precio todos los tributos y costos regulatorios. Frente a una mercancía que presuntamente evitó parte de esos costos, su estructura legal se convierte en una desventaja competitiva imposible de sostener.
La consecuencia es directa: margen que se reduce hasta niveles críticos, pérdida de clientes, atrasos con suplidores, recortes de personal y, en demasiados casos, el cierre. Cada tienda que desaparece no es solo una caja registradora menos. Es empleo perdido, menos crédito informal para las familias del barrio, menor circulación de dinero en la comunidad y una oferta comercial cada vez más concentrada en pocas manos.
Esta no es competencia por eficiencia o servicio. Es competencia por acceso a una vía que el resto del mercado no puede usar. El que cumple la ley termina subsidiando, con su propia quiebra, la irregularidad de otros.
Dajabón: dos velocidades
Una investigación de Diario Libre del 21 de agosto recogió testimonios desde la propia frontera. Comerciantes y exportadores denunciaron que determinadas cargas declaradas en tránsito llegan, se descargan y luego se mueven hacia el interior sin completar las verificaciones requeridas. Al mismo tiempo, quienes aseguran cumplir todos los requisitos enfrentan burocracia, demoras y costos adicionales.
Esa doble velocidad es la forma más perjudicial de competencia desleal: el sistema hace más lento y costoso el camino formal, mientras una carga bajo sospecha puede moverse con menos obstáculos. Los denunciantes, entre ellos comerciantes haitianos, pidieron una investigación transparente para determinar el destino real de las mercancías y establecer posibles privilegios u omisiones.
Aduanas reacciona, pero no basta
El 20 de agosto, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, anunció medidas para que las patanas con mercancía en tránsito salgan antes del mediodía y para que se verifique que realmente cruzan la frontera. Aclaró que se trata de aplicar la Ley 168-21, no de una resolución nueva. También reconoció las denuncias del empresariado sobre productos de marcas internacionales que se comercializan en la frontera y que parte de la carga de tránsito podría estar quedándose en territorio dominicano.
Es un paso necesario. Pero controlar el próximo camión no responde por lo ocurrido con los anteriores. Si existen evidencias de productos desviados hacia el mercado interno, corresponde reconstruir la ruta completa: manifiesto, consignatario, puerto de entrada, transportista, precintos, geolocalización, almacenes, facturación y destino comercial final. Sin auditoría retrospectiva, las nuevas reglas podrían cerrar una brecha sin determinar quiénes se beneficiaron ni cuánto dejó de percibir el Estado.
Lo que debe hacerse
La respuesta no puede limitarse a Aduanas. Se necesita una acción coordinada: Aduanas debe publicar datos verificables sobre operaciones de tránsito y cruces efectivos; la Dirección General de Impuestos Internos debe rastrear facturación y pago de tributos; Salud Pública y Pro Consumidor deben inspeccionar registros sanitarios, etiquetas, lotes y trazabilidad; y el Ministerio Público debe investigar cualquier indicio de defraudación, contrabando o falsedad documental.
Las cadenas y comercios mencionados en las denuncias tienen el derecho y la obligación de demostrar documentalmente la procedencia de los productos señalados: quién los suplió, cómo fueron importados, qué impuestos se pagaron y qué registros sanitarios poseen. La transparencia protege tanto al consumidor como a las empresas que puedan probar que actuaron correctamente.
Defender al que cumple
República Dominicana necesita facilitar el comercio con Haití. Facilitar no significa renunciar al control. La compleja situación de seguridad en el vecino país no puede convertirse en una excusa permanente para mantener cargas en territorio dominicano bajo beneficios concedidos a mercancías cuyo destino declarado es otro país.
Los supermercados independientes no piden privilegios. Piden competir bajo las mismas reglas. Protegerlos es defender empleos, recaudación, seguridad sanitaria y la vida económica de los barrios. Si la carga fue declarada para Haití, debe llegar a Haití. Si terminó en el mercado dominicano, tiene que demostrarse que fue nacionalizada, tributó y cumplió todos los controles.
La frontera no puede seguir siendo una zona de sombra donde la legalidad desaparece entre un manifiesto y un almacén. El país necesita saber qué entró, qué cruzó, qué se quedó y quién se benefició. Solo así se restablece la competencia leal y se evita que el comerciante honesto siga pagando el precio de una irregularidad que no cometió.
Si la mercancía no cruzó, no era tránsito. Y si no era tránsito, alguien tiene que responder.
Fuentes consultadas
- VotarD Media. “Más de US$1,000 millones desviados: Cómo opera la red fronteriza”. YouTube, agosto de 2026.
- Dirección General de Aduanas. Ley General de Aduanas núm. 168-21, artículo 290 sobre tránsito internacional.
- Almánzar Melgen, Circe. “El tránsito hacia Haití tiene que cruzar la frontera”. RC Noticias, 11 de agosto de 2026.
- Figueroa, Roger. “Aduanas refuerza control sobre patanas que llevan mercancías a Haití”. Diario Libre, 20 de agosto de 2026.
- Genao, Javier. “Denuncian en Dajabón que cargas destinadas a Haití terminan vendiéndose en RD”. Diario Libre, 21 de agosto de 2026.
Nota editorial: Las menciones de empresas, montos y rutas comerciales se atribuyen a las fuentes indicadas. La responsabilidad individual o corporativa solo puede establecerse mediante investigación y decisión de las autoridades competentes.
