Tokio defiende el Estado de derecho y respalda al tribunal internacional
El Gobierno de Japón expresó este miércoles su rechazo a las sanciones de Estados Unidos contra la magistrada japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y advirtió que la medida afecta el orden jurídico internacional.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Japón, Toshihiro Kitamura, declaró que «las medidas anunciadas resultan muy lamentables» y aseguró que el país asiático mantendrá su compromiso de fortalecer el Estado de derecho en la comunidad internacional, mientras mantiene comunicación con otros países, según un comunicado.
Kitamura agregó que Japón «ha apoyado sistemáticamente a la CPI en sus esfuerzos por enjuiciar y sancionar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional y por defender el Estado de derecho». En una rueda de prensa durante la tarde, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reiteró el mensaje de Exteriores y dijo que la situación es «muy desafortunada». «Continuaremos respondiendo mientras mantenemos una estrecha comunicación con los países relevantes, incluido Estados Unidos», aseguró.
Washington incluyó este martes a Akane y a un miembro de la Fiscalía, el abogado senegalés Abdoulaye Seye, en su lista de sanciones, lo que implica congelamiento de bienes, aislamiento financiero al prohibir las transacciones con entidades estadounidenses, y restricciones de entrada al país. Tras conocer la decisión del Gobierno de Trump, la CPI advirtió de que las nuevas sanciones impuestas «socavan el Estado de derecho». «Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional», dijo.
El tribunal con sede en La Haya rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones «con independencia e imparcialidad» y de acuerdo con el Estatuto de Roma. Estados Unidos no es firmante de ese tratado y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios de Israel. A finales de 2025, la presidenta de la CPI denunció las sanciones contra sus fiscales y jueces, al señalar que la medida les «sitúa al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes», mientras que subrayó que el tribunal no cederá «a ninguna presión» y que su independencia «permanece intacta». En este contexto, la ONG Human Rights Watch (HRW) llegó a presionar a las autoridades japonesas a que se pronunciaran públicamente para intensificar sus esfuerzos en defensa del tribunal, sometido a «una presión extrema por parte de Estados Unidos».
