La medida cumple un fallo del TC de 2022 y busca evitar restricciones indebidas de salida del país
La Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración retiraron 56,140 controles de una base con registros acumulados entre 1990 y 2026, muchos sin orden judicial. La medida beneficia a ciudadanos que podrían ver afectado su libre tránsito.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) informaron que eliminaron 56,140 alertas e impedimentos de salida que permanecían en la base de datos migratoria sin respaldo judicial. Los registros databan de entre 1990 y 2026 y, según el comunicado, miles de expedientes ya habían cumplido su propósito pero seguían afectando el libre tránsito de ciudadanos.
La medida se produce cuatro años después de que la entonces procuradora Miriam Germán Brito asegurara en 2021 que se tomaron medidas para evitar las alertas migratorias colocadas por los órganos de persecución del Ministerio Público. Aquellas declaraciones surgieron tras el impedimento de salida del país del exprocurador Jean Alain Rodríguez sin una orden judicial, quien permaneció en el país y luego recibió prisión preventiva como medida de coerción.
En 2022, el Tribunal Constitucional (TC) estableció mediante la sentencia TC/0338/22 que ninguna autoridad puede restringir la libertad de tránsito sin fundamento legal y judicial, al resolver el caso de Armando Rivera Gómez, a quien se le impidió salir del país mediante una alerta de Interpol. El criterio fue reiterado en noviembre de 2025 con la sentencia TC/1186/25, que declaró inconstitucional una disposición del Código Tributario que permitía impedir la salida a investigados por presunto fraude fiscal.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso solicitó formalmente al director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, priorizar el levantamiento de tres tipos de registros: los individualizados sin base legal, los históricos que no identificaban a la persona y los de procesos cuyos fines ya se habían cumplido. La mesa técnica conjunta revisó los registros acumulados y encontró errores administrativos y órdenes judiciales sin individualizar. Para los ciudadanos, la eliminación de estas alertas reduce el riesgo de restricciones indebidas al momento de viajar.
