El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra nueve integrantes de una presunta organización criminal transnacional vinculada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos y tenencia ilegal de armas, desmantelada mediante la Operación Leopardo.
La acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio , alias el Flaco; Pedro Luis Cordero Espinal ; José Ignacio de Jesús Mota, el Gordo; Daniela Sthefany Amancio Olaverría; Rafael Torrez Díaz; Wilson Rafael Severino Inirio; Antun Mrdeza, Nikolas Boros; Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
Según la investigación, la estructura recibió cargamentos de cocaína procedentes de Colombia a través de diferentes puntos de la costa dominicana, entre ellos Bayahíbe , San Pedro de Macorís , Pedernales , Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá.
Posteriormente, las drogas eran trasladadas por tierra hasta inmuebles utilizados para su almacenamiento y luego enviadas en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico.
Desde allí, de acuerdo con el expediente, eran distribuidas hacia Estados Unidos , Canadá , Europa y otros destinos.
Uno de los principales hechos atribuidos a la organización ocurrió el 25 de abril, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína con un peso de 1,027.15 kilogramos a bordo de la embarcación " Lucifer ".
De acuerdo al órgano acusador, el 18 de octubre del mismo año fueron realizados 17 allanamientos simultáneos, en los que se ocuparon otros 666.27 kilogramos de cocaína , parte de ellos almacenados en el establecimiento Drinks Súper Fría , ubicado en San Rafael del Yuma.
En conjunto, ambos decomisos suman 1,693.42 kilogramos de cocaína , equivalentes a casi 1.7 toneladas.
El análisis financiero realizado durante la investigación permitió identificar movimientos superiores a RD$ 258.8 millones y US$1.6 millones a través de cuentas bancarias , depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos.
El Ministerio Público señala que la organización utilizaba diferentes métodos para ocultar el origen del dinero, entre ellos depósitos fraccionados , transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, personas interpuestas y sociedades utilizadas como fachada.
También fueron identificadas operaciones inmobiliarias presuntamente sobrevaluadas, transferencias mediante el sistema informal conocido como hawala y pagos con criptomonedas , principalmente USDT en la red TRC20.
Entre los activos que el Ministerio Público procura decomisar figuran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, además de una villa de lujo en La Altagracia adquirida por unos US$820,000.
La acusación también incluye un apartamento en la Torre Emporium , en Santo Domingo; dos solares en San Antonio de Guerra; un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana, y otros terrenos e inmuebles ubicados en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
Asimismo, las autoridades identificaron las embarcaciones " Beto III ", " Fish On " y " Lucifer ", además de vehículos, armas de fuego, municiones, relojes de marcas como Rolex y Breitling , prendas de apariencia áurea y cientos de dispositivos electrónicos.
El expediente incluye además computadoras, tabletas, máquinas contadoras de dinero , equipos de comunicación y documentos financieros y societarios.
El Ministerio Público sostiene que una parte importante de estos bienes fue adquirida mediante dinero en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que los acusados pudieran justificar su procedencia mediante actividades lícitas.
El órgano acusador solicitó que sea admitida la acusación, se dicte auto de apertura a juicio, se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes y, al finalizar el proceso, se ordene el decomiso de los bienes vinculados a las actividades ilícitas.
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público , la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
