Justicia | Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional actuará como tribunal de control del expediente El procurador adjunto Wilson Camacho juno a su equipo de litigantes en el caso Senasa 2.0-A En: Santo Domingo.- Como un reconocimiento del juez a la fortaleza de la investigación calificó hoy el director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, la decisión tomada por el magistrado Rigoberto Sena, en torno al caso Senasa 2.0-A.
“Hay tres puntos que quiero tocar de este proceso: En primer lugar, este es un proceso del que debemos aprender.
Y, quiero aprovechar, para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos”, dijo Camacho.
Judicial Silvio Cabrera “Prestar los códigos, puede arrastrarlos a un proceso penal.
Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, dijo.
“Debemos tomar esta experiencia como base para que se realice una campaña que les diga a los médicos que no deben prestar sus códigos”, dijo.
En segundo lugar, respecto a la decisión, el titular de la Dirección de Persecución expresó: “todos los imputados, excepto dos, quedaron privados de libertad por la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy”.
“Este es un reconocimiento ahora del juez a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y, a nosotros, esa decisión nos parece una decisión razonable”, destacó sobre la decisión que también declara el caso de tramitación compleja.
“En tercer lugar, la investigación sobre lo sucedido en Senasa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más”, adelantó Camacho, quien encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto y Yudelka Holguín.
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.
También, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre del año 2026.
El arresto domiciliario se impuso a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Además, fue impuesta una garantía económica de 2 millones de pesos, a través de compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario contra Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
En tanto que a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de tres millones de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
Igualmente, una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía, impedimento de salida y presentación periódica fueron impuestas a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
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