Una docente del Sur, con más de 20 años en las aulas, enfrenta una recaída de mieloma múltiple con un 60% de células plasmáticas, pero los tratamientos que necesita no están cubiertos por el programa de alto costo y su precio es inalcanzable para las familias de la región.
La maestra, quien prefiere mantener su nombre en reserva, fue diagnosticada en 2022 con mieloma múltiple, un cáncer de médula ósea. Tras superar una primera batalla con 24 sesiones de tratamiento y un trasplante autólogo en la Plaza de la Salud, volvió a las aulas. Sin embargo, en este 2026 los síntomas regresaron y una biopsia confirmó que la enfermedad avanzó con fuerza, con un 60% de células plasmáticas.
Ahora necesita pomalidomida y carfilzomib, medicamentos de tercera línea más efectivos, pero no están cubiertos por el programa de alto costo. Cada uno cuesta 70 mil pesos semanales, y las pastillas adicionales suman casi 100 mil pesos, un total que ninguna familia del Sur puede sostener. "Es como cuando un niño tiene hambre y pasa por una tienda donde venden comida, pero no tiene dinero para comprarla", lamenta la educadora.
La situación refleja una realidad que golpea a las comunidades del Sur: muchos pacientes desconocen estas opciones terapéuticas. "A veces el hecho de tú desconocer es lo que hace que mucha gente se muera sin recibir el tratamiento", advierte. Además, señala que hay pacientes que hacen resistencia al Daratumumab, el único medicamento aprobado en alto costo, sin una solución alternativa.
La docente, madre y esposa, recuerda que su cuerpo empezó a dar señales desde 2020 con anemia persistente, atribuida a miomas. Fue operada en 2021 y, tras una reunión de profesores el 8 de diciembre de ese año, recibió el diagnóstico definitivo. Hoy, al mirar fotos de esa época, ve las ojeras profundas que nadie supo explicar: "Dios ha hecho un milagro conmigo todo el tiempo", dice, pero insiste en que el sistema de salud debe ampliar la cobertura para que los pacientes del Sur no queden abandonados.
Su historia es un llamado urgente a las autoridades sanitarias y a los legisladores de la región: la lucha contra el cáncer no puede depender de la suerte ni de la fe, sino de políticas públicas que garanticen el acceso a tratamientos de tercera línea para todos los dominicanos, especialmente en las provincias del Sur donde el acceso es más limitado.
