Panel de la ONU confirma que bandas haitianas usaron proyectiles dominicanos; hay imputados y condenados
Un informe del Panel de Expertos de la ONU reveló que municiones desviadas de la Policía Nacional dominicana, valoradas en más de 92 millones de pesos, fueron utilizadas por bandas como la 400 Mawozo en Haití. El caso, conocido en 2024, sigue en los tribunales con varios implicados.
El Panel de Expertos de la ONU informó al Comité del Consejo de Seguridad de Haití que, durante inspecciones de municiones incautadas en Puerto Príncipe en 2026, se observó que la banda «400 Mawozo» y varios grupos delictivos en Bel-Air utilizaban municiones que coincidían con las desviadas de la Policía Nacional dominicana. La desviación se conoció en 2024 tras la incautación en Mirebalais, departamento del Centro, de varias cajas de munición de calibre 5,56×45 mm (5,000 cartuchos) en poder de actores no estatales.
Tras la incautación, los expertos de la ONU alertaron a las autoridades dominicanas, que realizaron un inventario y determinaron que se habían desviado 908,001 unidades. Entre las municiones faltantes se establecieron más de 489,000 cartuchos de calibre 9 mm; 230,000 de 5,56×45 mm; 26,000 de 7,62×39 mm; y 93,000 cartuchos para escopeta de calibre 12. El Ministerio Público valoró los más de 900 mil proyectiles en 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos.
El informe señala que, según expertos en seguridad dominicanos consultados por el Grupo de Expertos, dado que el mercado de municiones de calibre 5,56×45 mm y 7,62×39 mm en República Dominicana es bastante limitado, es probable que la mayor parte de este material fuera trasladado a Haití, ya que se trata de los dos calibres principales utilizados por las bandas delictivas.
En 2024, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora para apresar a los vinculados al desvío. Fueron detenidos el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat; el cabo Juan Luis Díaz Medina; los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez; y la imputada Miguelina Bello Segura. Por el caso ha sido condenado Marino Antonio Rodríguez Toribio a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario, se clausuró definitivamente la razón social Tactical Accessories RH, S.R.L., y se le impuso una multa de 10 salarios mínimos del sector público, además del decomiso de bienes incautados. Asimismo, Miguelina Bello Segura fue condenada a tres años de prisión, con suspensión de la mitad de la pena bajo reglas, por lo que deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y cumplir ciertas condiciones durante el período de suspensión.
