Ley 166-03 obliga transferencia mensual e íntegra a los ayuntamientos, pero la crisis financiera limita servicios básicos
La autonomía municipal consagrada en la Constitución y la Ley 176-07 carece de sustento real sin los fondos que la Ley 166-03 ordena transferir a los ayuntamientos. La falta de recursos afecta la capacidad de los gobiernos locales para prestar servicios básicos a la ciudadanía.
La Constitución dominicana de 2010, en su artículo 199, establece que el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales gozan de patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo. La Ley 176-07 detalla que el ayuntamiento tiene autonomía política, fiscal, administrativa y funcional, y es gestor de los intereses propios de la colectividad local.
El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/152/13, precisó que la autonomía supone la capacidad de automanejo administrativo y económico de las municipalidades, y que respetar su contenido esencial equivale a no sujetar su capacidad de autogobierno a decisiones de otras entidades que obstaculicen sus funciones.
La autonomía financiera se manifiesta en dos dimensiones: generar ingresos propios y decidir en qué gastarlos. Sin la primera, el municipio depende de las transferencias del gobierno central; sin la segunda, su capacidad decisoria es nominal. El profesor Francisco Javier Ciriero Soleto señala que la autonomía financiera es una manifestación de la autonomía política, pues implica poder destinar el dinero disponible a políticas propias sin condicionamientos indebidos.
La Ley 166-03, del 6 de octubre de 2003, ordena en su artículo 3 que a partir de 2005 los ayuntamientos participen del 10% de los ingresos del Estado dominicano, transferencia que debe realizarse antes del día 25 de cada mes y sin recortes, conforme al artículo 8. La ley también establece que esos fondos se distribuyan: 25% para gastos de personal, 35% para servicios municipales y operaciones, y 40% para gastos de capital e inversión.
