Gobierno de Trump intenta desmantelar red legal para menores no acompañados
Miles de menores migrantes no acompañados enfrentan solos sus procesos de deportación en Estados Unidos, tras el intento del gobierno de Donald Trump de cortar fondos a organizaciones que les brindan servicios legales, una medida bloqueada por una jueza federal en 2025.
En 2025, el gobierno de Donald Trump intentó cortar los fondos con los que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) financia una red nacional de organizaciones que desde hace años presta servicios legales a menores migrantes no acompañados. Estos niños llegaron a Estados Unidos sin un adulto o sus padres fueron detenidos por agentes de migración, y están en albergues o bajo custodia del gobierno.
Tras una demanda de varias de las organizaciones afectadas, la medida fue bloqueada por una jueza federal que ordenó mantener los servicios, protegidos por una ley que data de 2008. Sin embargo, meses después, el gobierno dejó de pagar y en julio de 2026 dejó vencer el contrato con Acacia Center for Justice, que administraba una red de un centenar de organizaciones.
La subdirectora del Proyecto Florence, Roxana Avila-Cimpeanu, explicó a la que a fines de 2025 el gobierno condicionó los pagos a la entrega de información confidencial de los representados por la red, unos 20,000 niños. 'Y no lo hicimos', enfatizó. La administración Trump anunció luego planes para entregar los casos a Burke Law Group, cuya fundadora fue funcionaria durante el primer gobierno del magnate republicano. Pero la firma retiró su candidatura. También recurrió a Our Rescue, fundada por Tim Ballard, exigente de Seguridad Nacional cuyo trabajo fue dramatizado en la película 'Sound of Freedom'. Ballard fue además asesor del Ejecutivo de Trump sobre tráfico sexual infantil. El actual director ejecutivo de la entidad es Derek Benner, exfuncionario de inmigración. El contrato quedó en pausa tras cuestionamientos en el Congreso.
Legisladores demócratas enviaron esta semana una carta al Departamento de Salud, responsable de la ORR, expresando su 'profunda preocupación' de que se 'confíe a una población vulnerable a firmas tan claramente no calificadas para la tarea'. A juicio de Avila-Cimpeanu, la intención es complicar la defensa de los menores, en el marco del plan de deportaciones masivas del gobierno. 'Llevo 10 años trabajando en esto y este es el peor momento que he visto en cuanto al ataque concertado del gobierno contra los niños y cómo están utilizando diferentes áreas para lograr su objetivo de deportar a tantos niños lo más rápido posible', señaló. La abogada fue quien detectó en agosto a un bebé de un año con su madre en un tribunal, sin abogado. 'El bebé corría por todas partes tirando juguetes y llorando, y la madre tenía que concentrarse en eso y en la audiencia', contó.
