Mesa de Diálogo por el Autismo denuncia que la Ley 34-23 sigue sin ejecución plena
La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que este 5 de junio se cumplen tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sin que el Estado haya ejecutado aspectos esenciales. La organización, coordinada por el periodista Fernando Quiroz, advirtió que miles de familias en todo el país siguen enfrentando barreras y costos inalcanzables.
La Mesa de Diálogo por el Autismo recordó que la ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5 de junio de 2023, pero su reglamento de aplicación, fundamental para hacerla operativa, llegó con varios meses de retraso mediante el Decreto 403-24, del 24 de julio de 2024. Entre los principales incumplimientos señaló la ausencia de una asignación presupuestaria específica, la falta de un registro nacional actualizado de personas y familias con autismo, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales, la ausencia de una red nacional especializada de servicios y los obstáculos para acceder a una educación inclusiva en condiciones adecuadas.
La organización destacó que en julio de 2025 el presidente Abinader expresó públicamente que se procurarían recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley durante el año 2026. Sin embargo, afirmó que las familias aún esperan conocer las partidas, programas y acciones concretas que permitan hacer realidad los derechos contemplados en la legislación. Añadió que las evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas, consultas médicas y servicios de apoyo continúan representando costos inalcanzables para una gran parte de la población, convirtiendo el acceso en un privilegio para quienes pueden asumirlos económicamente.
La Mesa indicó que la única excepción en favor de las familias ha sido el programa SeNaSa InTEgrA, con la limitación de que cubre solo a 3,000 niños hasta los 10 años. Consideró que esta iniciativa, aunque positiva, no sustituye las obligaciones integrales establecidas por la Ley 34-23. "La República Dominicana tiene una ley y tiene un reglamento, pero miles de familias continúan enfrentando prácticamente solas los costos, la incertidumbre y las barreras que la propia legislación procura eliminar", indicó la entidad mediante un comunicado.
La organización recordó que la Ley 34-23 asigna responsabilidades específicas al Conadis, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, al Inaipi, al Conani, al Conape, al CAID, a la Oficina Nacional de Estadística y a las instituciones que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social, incluyendo SeNaSa, las ARS y la DIDA. También destacó que la normativa contempla mecanismos de protección social, ampliación de coberturas de salud, formación de recursos humanos especializados, registro nacional, inclusión educativa, sanciones por discriminación y centros de acogida para personas con TEA en condiciones de vulnerabilidad.
