Abinader acata sentencia del TC y elimina discriminación por edad en renovación de licencias
El presidente Luis Abinader emitió el decreto 675 que modifica el reglamento de licencias de conducir para adecuarlo a la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, eliminando la reducción de vigencia para mayores de 75 años. La medida beneficia a todos los conductores del país, incluyendo a los de la región Sur, al establecer una vigencia uniforme de cuatro años.
El decreto 675, firmado este martes por el presidente Luis Abinader, deroga el Decreto 330-26 y establece que la vigencia de las licencias y autorizaciones para conducir será uniforme de cuatro años, venciendo el día del cumpleaños del titular, conforme al artículo 208 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La nueva disposición acata la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la reducción de dos años en la vigencia de la licencia para personas mayores de 75 años. Además, el decreto prohíbe expresamente que la edad por sí sola sea utilizada como criterio único para limitar, reducir o denegar la vigencia de una licencia o autorización para conducir.
La evaluación de la aptitud para conducir se realizará a través de exámenes físicos, teóricos y prácticos, aplicados sin discriminación alguna, conforme a las facultades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). La suspensión o cancelación de una licencia solo procederá por las causales establecidas en la ley: cuando el titular deje de cumplir con los requisitos exigidos, o cuando se acredite mediante certificado médico la imposibilidad permanente física o mental para conducir, garantizando siempre el debido proceso administrativo.
Con esta decisión, el Gobierno dominicano ratifica su compromiso con el respeto irrestricto al Estado Social y Democrático de Derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en especial de los adultos mayores, promoviendo su integración a la vida activa y comunitaria sin exclusiones arbitrarias. El Poder Ejecutivo reitera así su disposición a cumplir y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, fortaleciendo la institucionalizad del país y garantizando que el marco normativo esté siempre al servicio de la dignidad humana.
