La medida impacta programas sociales como Inabie y Supérate; productores deben cumplir estándares
El presidente Luis Abinader emitió el decreto 672-26 que ordena que las compras públicas para programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, útiles escolares, salubridad y atención a grupos vulnerables se hagan directamente a productores nacionales, eliminando la intermediación no autorizada.
El artículo 3 del decreto 672-26 establece que las instituciones encargadas de programas especiales deberán adquirir productos agroindustriales y manufactureros de origen nacional, elaborados en territorio dominicano. La norma fue creada el 29 de septiembre de 2026 y busca que los fondos públicos destinados a estos fines beneficien directamente a los productores locales.
La disposición aplica a entidades como Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Defensa, Inaipi, Conani, Conape y Promese/Cal, entre otras. Sin embargo, solo abarca las compras vinculadas a los programas y productos definidos como especiales en la norma.
El decreto condiciona la eliminación de intermediarios a que los productores nacionales puedan garantizar las cantidades requeridas y cumplan con las especificaciones y estándares de calidad exigidos. Además, las entidades deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para determinar si existen Mipymes industriales nacionales capaces de suministrar los bienes.
Si no se encuentran proveedores que cumplan las condiciones, se abrirá un proceso de manifestación de interés. Si tampoco hay ofertas o las empresas no demuestran capacidad, el procedimiento podrá declararse desierto y, tras un segundo intento fallido, modificarse el pliego para iniciar un nuevo proceso. Las Mipymes participantes deben tener certificación del MICM y el Registro Industrial.
