La decisión de 83 países busca combatir el tráfico de fauna, madera y minería ilegal
Los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobaron este viernes en Viena abrir negociaciones sobre un protocolo contra los delitos ambientales, una iniciativa impulsada por ocho países latinoamericanos. La medida reconoce el papel de los pueblos indígenas y advierte que estos crímenes amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
La resolución recibió un amplio respaldo con 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones. Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Irán y Arabia Saudí figuraron entre los países que votaron en contra, mientras que la mayoría de los países europeos y latinoamericanos respaldaron el texto. Brasil, uno de los promotores, calificó la decisión de 'histórica' y agradeció a la sociedad civil sus llamamientos para reforzar la lucha contra los delitos ambientales.
Con esta decisión se crea un comité especial encargado de elaborar un protocolo adicional a la Convención para combatir el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, incluida la madera, la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos y el de residuos. La iniciativa fue presentada por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.
El texto reconoce la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales para apoyar los esfuerzos de los Estados contra los delitos ambientales y la corrupción asociada, de acuerdo con las legislaciones nacionales. Ese reconocimiento sitúa a las poblaciones que habitan muchos de los territorios afectados entre los actores que contribuyen a combatir esas actividades. La resolución advierte que los delitos ambientales no dañan solo los ecosistemas: también amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
Raphael Hoetmer, director del programa de Amazonía Occidental de la ONG Amazon Watch, afirmó a que 'esta decisión histórica permite a la comunidad internacional finalmente acordar respuestas coordinadas frente al delito ambiental transnacional'. Sin embargo, advirtió que 'solo será efectivo si se discute, diseña e implementa con la participación efectiva de los pueblos indígenas, quienes salvaguardan ecosistemas como la Amazonía'. Brayan Mojanasinsoy, portavoz del pueblo indígena inga del Putumayo, en el sur de Colombia, destacó que los pueblos indígenas son los que sufren sobre el terreno las consecuencias de estos delitos y sostuvo que 'sin nosotros, los pueblos indígenas, no hay seguridad en la Amazonía'.
