Organización cívica cuestiona legalidad y riesgos del memorando bilateral
El movimiento Participación Ciudadana expresó su convencimiento de que todavía existe margen para dejar sin efecto el Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos, el cual autoriza el ingreso temporal y excepcional de extranjeros deportados, así como la cooperación en asuntos migratorios de beneficio recíproco.
A través de un documento público, la entidad enfatizó la necesidad de que el texto íntegro del acuerdo se hubiera divulgado desde el primer momento para impedir conjeturas y desinformación. Asimismo, recordó los precedentes negativos de Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, naciones que rubricaron convenios similares y afrontaron consecuencias adversas.
La agrupación planteó interrogantes sobre la condición jurídica de los ciudadanos foráneos que ingresen al país con el aval gubernamental, pues no habrían violado norma local alguna, lo que podría derivar en litigios si se coarta su derecho al libre desplazamiento. También puso en duda la capacidad estatal para proveer intérpretes judiciales, determinar niveles de peligrosidad y gestionar casos de deportados sin posibilidad de retorno a sus naciones de procedencia.
Participación Ciudadana advirtió que, aunque el MOU podría interpretarse como un preacuerdo sin fuerza vinculante, esa naturaleza se transformaría radicalmente en cuanto los primeros deportados pisen suelo dominicano, generando obligaciones ineludibles para el Estado. La firma del memorando, añadió, coincide con la renovación del uso de bases aéreas por parte de Washington y con la declaración oficial que califica a la Guardia Revolucionaria Islámica como grupo terrorista, lo cual podría incrementar el riesgo de represalias contra el país.
