Claves de una crisis de seguridad que golpea al transporte público en Lima
El próximo presidente de Perú, que será elegido el domingo 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, deberá enfrentar el auge del crimen organizado y la inseguridad ciudadana. El fenómeno golpea con especial virulencia a los autobuses de transporte urbano en Lima.
La inseguridad ciudadana marca la agenda electoral en Perú. En los últimos dos años, el crecimiento de bandas criminales que exigen cupos de dinero a negocios y empresas de zonas populares bajo amenazas de muerte ha disparado el índice de homicidios. Un representante de transportistas que prefirió no identificarse declaró a EFE: «Las cosas están muy difíciles. Todos los dirigentes están amenazados. No podemos dar la cara como si no pasara nada. Están asesinando a los que denuncian».
Desde 2024, las declaratorias de estados de emergencia se han extendido para intentar frenar sin demasiado éxito la delincuencia, pues los asesinatos a conductores no cesan pese a las numerosas huelgas de transportistas. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao hubo 93 asesinatos en el transporte público, especialmente en el sector informal, que representa más del 70 % del total.
El transportista J.C. acudió junto a otros compañeros a una instancia policial del centro de Lima para exigir a las autoridades no liberar a uno de los cabecillas de la organización bautizada por la Policía como 'Los gallegos de Huacho', que les extorsiona desde hace meses. Desde ese punto, expuso indignado a que la extorsión no ha parado de crecer desde 2024 y la situación ha empeorado desde la aprobación en el Congreso de una serie de leyes conocidas como «procrimen».
«Estamos desamparados totalmente. Mientras el gobierno hace caso omiso y no escucha, la población se sigue desangrando, sigue con extorsiones y no hay ninguna voluntad política de derogar las leyes procrimen», dice J.C. Explica que bandas les piden pagos iniciales de 50.000 soles (14.700 dólares) y a partir de ahí, bajo amenazas de muerte y envíos de bombas en sus domicilios o centros de trabajo, les exigen pagos de manera mensual o diaria. «Estamos cansados de que nos sigan asesinando (…) Ya no roban un celular, se han convertido en bandas organizadas de extorsionadores», añade. J.C. pide derogar las «leyes procrimen», un conjunto de normas contra la delincuencia impulsadas por el fujimorismo y otras fuerzas conservadoras en el Congreso cuyo efecto ha sido el opuesto, pues «saben perfectamente que, a raíz de estas normas, las bandas siguen operando y asesinando a todos los sectores, no solo a transportistas».
Fujimori tiene como primer punto de su programa «recuperar el orden ciudadano», con una propuesta de «mano dura» en la que afirma que combatirá «la extorsión y fortalecerá la presencia del Estado en los barrios y zonas productivas es clave para recuperar el orden como base para vivir, trabajar, emprender e invertir en el Perú». Propone incrementar el patrullaje motorizado y aéreo (drones) con tecnología GPS, la intervención militar y policial en la frontera con Ecuador para el control fronterizo y reducción de crimen organizado, financiar 1,000 patrulleros inteligentes, 10,000 cámaras interconectadas y la construcción de cuatro «me
