Medida busca garantizar libre tránsito y corregir errores administrativos acumulados desde 1990
La Procuraduría General de la República solicitó a Migración eliminar restricciones de viaje sin respaldo judicial, beneficiando a más de 56 mil ciudadanos. La medida busca garantizar el derecho al libre tránsito y corregir irregularidades acumuladas por décadas.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó este martes que solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) levantar los impedimentos de salida y alertas migratorias a ciudadanos que no cuenten con sustento judicial, como parte de un proceso de depuración de registros acumulados durante décadas. Hasta el momento, la medida ha beneficiado a más de 56 mil ciudadanos, según el último informe de la DGM citado por la PGR.
La revisión es resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y Migración, que examinó datos registrados desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de información sin actualización de oficio. El proceso permitió identificar registros sin respaldo judicial, incluidos casos relacionados con procedimientos ya concluidos y errores administrativos que mantenían restricciones sin una orden de autoridad competente.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, priorizar el levantamiento de tres tipos de registros, aunque no se detallaron en el comunicado. La institución señaló que la iniciativa busca corregir irregularidades acumuladas durante años y fortalecer la protección de los derechos fundamentales, particularmente la libertad personal y el libre tránsito, consagrados en los artículos 40 y 46 de la Constitución dominicana.
La depuración se realiza conforme al marco legal aplicable a los impedimentos de salida y a las atribuciones del Ministerio Público, agregó la PGR. La mesa técnica continuará trabajando hasta completar la revisión de los registros y poner en funcionamiento un nuevo sistema de interoperabilidad que permita gestionar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida. La entrada en vigor de esa plataforma está prevista para diciembre de 2026, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las instituciones y evitar que permanezcan activas restricciones que carezcan de fundamento legal.
