Tribunal afirma que salario y el de su esposa no sustentaban operaciones financieras
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sostuvo este lunes que los ingresos declarados por el mayor general Adán Cáceres Silvestre no justificaban el volumen de bienes y operaciones financieras registradas durante su dirección del CUSEP. La sentencia, leída en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, continúa esta noche.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional afirmó este lunes que los ingresos formales del mayor general Adán Cáceres Silvestre y de su esposa resultaban insuficientes para sustentar el crecimiento patrimonial atribuido al exfuncionario durante el período en que dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP). Al asumir el cargo, Cáceres percibía un salario de RD$245,000 mensuales, mientras que su esposa devengaba RD$49,820, según expuso el tribunal.
Las magistradas indicaron que las pruebas presentadas durante el juicio permitieron establecer que los ingresos formales de Cáceres no justificaban el volumen de activos, pagos, préstamos certificados y operaciones financieras realizadas en el período señalado. Señalaron además que varias actuaciones reflejan un comportamiento incompatible con la diligencia mínima esperable de una persona con el perfil profesional presentado por el imputado.
Al abordar las operaciones con entidades religiosas vinculadas al caso, el tribunal sostuvo que una de las transacciones examinadas tuvo como único aporte verificable recursos provenientes de un préstamo obtenido por Cáceres en una entidad bancaria, operación descrita como parte de una maniobra de lavado de activos. Las juezas cuestionaron que la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo no fuera condenada, al considerar que compartía integrantes y vínculos societarios con otras entidades religiosas del expediente.
“Estamos en una estructura donde iglesias paren iglesias”, expresó el tribunal al referirse a las relaciones entre la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo y el Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, cuyos miembros figuraban compartiendo estructuras organizativas y societarias. La lectura de la sentencia continúa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se decide la responsabilidad penal de militares, civiles y empresas acusados de integrar una presunta red que, según el Ministerio Público, distrajo más de RD$4,500 millones de recursos públicos.
