Estévez Lavandier llama a repensar el debido proceso como cultura jurídica en Santo Domingo
El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, advirtió sobre la mora judicial, el avance de la criminalidad y la presión de la opinión pública durante la apertura del Sexto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia, que se celebra en Santo Domingo del lunes al miércoles.
Al pronunciar el discurso inaugural del Sexto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia, que se desarrolla desde este lunes y concluirá el próximo miércoles, Estévez Lavandier defendió la importancia del debido proceso como garantía fundamental para proteger los derechos de las personas sometidas a la justicia. 'Los invito a que, a partir de hoy, repensemos el debido proceso, no solo como un conjunto de garantías, sino como una verdadera cultura jurídica', expresó el magistrado.
El presidente del TC señaló que el congreso constituye un espacio para analizar los principales desafíos del sistema de justicia, entre ellos la mora judicial y la duración excesiva de los procesos, así como las tensiones que pueden surgir entre el ejercicio de la justicia y la presión social. Durante su intervención, también abordó el impacto del populismo y de la opinión pública en los procesos judiciales, al tiempo que resaltó la necesidad de preservar las garantías constitucionales.
El Tribunal Constitucional informó que el congreso está dedicado al debido proceso como garantía de los derechos ciudadanos en materia penal y reúne a expertos nacionales e internacionales en derecho penal, procesal y constitucional. Estévez Lavandier sostuvo que abordar el debido proceso implica examinar las restricciones que una sociedad democrática establece al ejercicio del poder. Al citar al jurista italiano Luigi Ferrajoli, recordó que las garantías constituyen límites y condiciones para el correcto desarrollo del proceso judicial.
Asimismo, destacó que el artículo 69 de la Constitución dominicana consagra las garantías fundamentales del debido proceso, las cuales, afirmó, no deben ser entendidas como simples formalidades procesales, sino como límites constitucionales al ejercicio del poder. El presidente del TC recordó que el debido proceso constituye un derecho fundamental y un principio jurídico-procesal que garantiza a toda persona una serie de derechos y mecanismos de protección durante un proceso judicial.
