Medidas buscan blindar ríos, manglares y acueductos que abastecen a la región Sur
El presidente Abinader declaró este miércoles 2 de septiembre de alto interés nacional la lucha contra el terrorismo medioambiental, una medida que impacta directamente la protección de los recursos hídricos y naturales de Barahona y el Sur profundo.
El Decreto 615-26, firmado por el presidente Luis Abinader, ordena a los ministerios de Defensa, Medio Ambiente, Interior y Justicia, junto a la DNI y otras agencias, crear una Política Nacional de Prevención contra el terrorismo medioambiental. Para Barahona y la región Sur, esto significa una mayor vigilancia sobre las cuencas hidrográficas que alimentan los acueductos locales y las presas que riegan los cultivos de la zona.
El artículo 2 del decreto incluye como infraestructuras estratégicas presas, embalses, lagos, canales de riego y acueductos, así como manglares, humedales y arrecifes coralinos. En el Sur, esto abarca ecosistemas vitales como los manglares de la Bahía de las Águilas y las cuencas de los ríos Yaque del Sur y San Juan, cuya protección es clave para la seguridad hídrica y el turismo sostenible.
Además, el artículo 3 instruye al Comité Nacional Antiterrorista a priorizar la prevención de incendios forestales provocados, un riesgo latente en los bosques secos de la región Sur y en las áreas protegidas como el Parque Nacional Jaragua. Las autoridades deberán coordinar acciones para neutralizar amenazas contra estos activos ambientales.
El decreto no crea un nuevo delito, sino que establece un marco administrativo para tipificar como terrorismo medioambiental actos graves contra los recursos naturales. Cuando se detecten agresiones en la región, el Ministerio Público será el responsable de investigar y sancionar, lo que refuerza la protección legal para las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
Los residentes de Barahona y comunidades del Sur deben estar atentos: la habilitación de plataformas tecnológicas para reportar amenazas, dispuesta en el artículo 6, podría facilitar la denuncia ciudadana y agilizar la respuesta ante delitos ambientales que afectan el agua, la tierra y el sustento local.
