Claves del fallo que podría restablecer el amparo a cientos de miles de venezolanos el 6 de noviembre
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California falló este viernes contra la petición del Gobierno de Donald Trump de mantener la suspensión del amparo que protege a venezolanos con TPS. La decisión abre la puerta a que el beneficio se restablezca el 6 de noviembre si la Corte Suprema no interviene.
El fallo se refiere a una decisión del año pasado de un tribunal inferior en el caso 'National TPS Alliance contra Mullin', que determinó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, excedió su autoridad al anular una extensión del TPS previamente otorgada a Venezuela. En vez de extender el beneficio, Noem puso fin a la designación del TPS para ese país suramericano.
La Alianza Nacional TPS demandó al Gobierno Trump por poner fin al programa y logró que un juez federal fallara a favor de los inmigrantes. Sin embargo, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema, que autorizó temporalmente la suspensión del beneficio. Esa suspensión expirará el próximo viernes 6 de noviembre.
Los abogados de los demandantes explicaron en un comunicado que, a menos que la Corte Suprema intervenga nuevamente, cientos de miles de venezolanos a quienes se les retiró el TPS verían restablecido su estatus el 6 de noviembre, mientras continúa el litigio. Las pruebas incluyeron declaraciones de afectados como Carlos Sánchez Villa, deportado a Liberia tras perder el beneficio: 'Fue como algo sacado de una película de terror; pero, lamentablemente, para mí fue real', dijo.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las fundaciones de la ACLU del norte y sur de California, el Miñana Family Center for Immigration Law and Policy de la UCLA y la Haitian Bridge Alliance (HBA). José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, señaló que 'la victoria de hoy renueva nuestras fuerzas para luchar por los derechos conquistados'. El abogado Ahilan Arulanantham espera que la Administración 'reconozca su error' o que la Corte Suprema defienda el estado de derecho.
