El caso de dos exempleadas en Punta Cana reabre el debate sobre protección laboral en resorte del Sur
La querella presentada en España por dos exempleadas de Julio Iglesias, que denuncian agresiones sexuales en Punta Cana, resuena en Barahona y toda la región Sur, donde el turismo crece y exige mayores garantías.
Las exempleadas Rebeca y Laura, quienes trabajaron en las mansiones de Julio Iglesias en Punta Cana y Lyford Cay (Bahamas) en 2021, presentaron una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en España, según informó Women’S Link este viernes 4 de septiembre de 2026. El caso, que había sido archivado por la Fiscalía española por falta de jurisdicción, ahora avanza en los tribunales, y su alcance llega a comunidades turísticas del Sur como Barahona, Pedernales y San Cristóbal.
La directora ejecutiva de Women’S Link, Jovana Ríos Cisnero, afirmó que "garantizar que Rebeca y Laura puedan acceder a la Justicia en condiciones de seguridad y dignidad es fundamental", subrayando el compromiso de los Estados con las víctimas de violencia de género y abuso de poder. Para el Sur, donde el turismo se expande hacia Bahía de las Águilas y otras zonas, este tipo de denuncias pone en alerta a trabajadoras y empleadores sobre condiciones laborales y prevención de abusos.
Las denunciantes, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta personal, habían acusado a Iglesias ante la Audiencia Nacional por trata de seres humanos y agresión sexual, pero el Ministerio Público archivó las actuaciones al considerar que los presuntos delitos ocurrieron fuera de España y que las víctimas no residen en ese país. Este precedente judicial es observado con atención en la región Sur, donde la dependencia del empleo turístico hace vulnerables a muchos trabajadores.
Ambas mujeres relataron "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas" y "condiciones laborales forzadas y degradantes" durante su empleo en las propiedades del cantante. Organizaciones locales de Barahona y del Sur podrían usar este caso como referencia para exigir mejores protecciones en el sector hotelero y turístico, un motor económico clave para la zona, y para visibilizar la necesidad de canales seguros de denuncia y apoyo a víctimas.
