Justicia

Santiago Hazim alega que prisión en Las Parras le impide responder auditoría de la Cámara de Cuentas

Defensa invoca debido proceso y falta de acceso a expedientes para justificar silencio ante auditoría

El exdirector del SENASA, Santiago Marcelo Hazim, notificó a la Cámara de Cuentas que no puede responder el Informe Preliminar de Investigación Especial 2020-2025 debido a su reclusión en el CCR Las Parras. La defensa alega que la falta de acceso a archivos y sistemas vulnera el debido proceso.

El doctor Miguel Valerio Jiminián, abogado defensor de Santiago Marcelo Hazim, informó mediante comunicación del 7 de septiembre a la Cámara de Cuentas que su representado no puede presentar descargos al Informe Preliminar de Investigación Especial realizado a la institución para el período 2020-2025. El jurista explicó que la reclusión de Hazim en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras le impide acceder directamente a archivos, registros financieros y sistemas informáticos necesarios para revisar y sustentar observaciones a la auditoría.

Valerio argumentó que el plazo normativo de 30 días hábiles para responder vence en los próximos días y que la falta de respuesta obedece estrictamente a limitaciones objetivas derivadas del encarcelamiento. Invocó el artículo 69 de la Constitución, sobre debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia, y dejó constancia de que la Cámara de Cuentas ha tenido acceso a documentos e información suministrados por la PEPCA, mientras que el imputado carece de acceso equitativo a esas fuentes.

La comunicación aclara que la ausencia de respuesta personal no debe interpretarse como aceptación de los hallazgos, admisión de responsabilidades ni renuncia a los medios de defensa en el proceso penal en curso. Santiago Hazim está privado de libertad desde el 11 de diciembre de 2025, cuando se le impuso medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, decisión confirmada el 4 de febrero de 2026.

La investigación de la Cámara de Cuentas abarcó del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2025 y evaluó compras y contrataciones, pagos a Prestadores de Servicios de Salud (PSS), gestión de servicios, registros financieros y sistemas de tecnología. El informe preliminar, emitido el 3 de agosto de 2026 y notificado el 7 de agosto, señala hallazgos administrativos, financieros, contractuales y tecnológicos con indicios de responsabilidad administrativa y penal.

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