Nueva normativa refuerza control del financiamiento político y sanciona a partidos que incumplan
El Senado aprobó este martes en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados y busca fortalecer la transparencia y evitar la infiltración del crimen organizado.
La aprobación en segunda lectura del proyecto que modifica la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos marca un paso clave en el proceso legislativo. La propuesta introduce nuevos mecanismos de prevención para evitar la infiltración del crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento ilícito dentro de las estructuras partidarias.
Entre las principales disposiciones, los partidos deberán implementar programas internos de cumplimiento normativo, establecer procedimientos de debida diligencia para verificar antecedentes de candidatos, donantes y financistas, y crear órganos especializados de control e integridad. Además, se refuerzan las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral (JCE).
Los aspirantes a cargos de elección popular tendrán que presentar declaraciones juradas de patrimonio, certificaciones de no antecedentes penales nacionales y de los países donde hayan residido en los últimos 15 años, así como pruebas antidopaje actualizadas. La iniciativa también obliga a los partidos a identificar el origen de los fondos, garantizar la trazabilidad de las contribuciones y rechazar aportes vinculados a actividades ilícitas.
El proyecto contempla sanciones para los partidos que incumplan, incluyendo la suspensión de la entrega de fondos públicos hasta que regularicen su situación ante la JCE. Con esta aprobación quedan modificados los artículos 3, 24, 26, 27, 30, 32, 49, 50, 56, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley 33-18, pero deberán ser acogidos en la Cámara Baja.
