Qué deben saber los afiliados y prestadores sobre la investigación que remece al seguro estatal de salud
El caso Senasa 2.0, que investiga el Ministerio Público, se originó por una denuncia de la propia ARS estatal tras detectar actos fraudulentos en autorizaciones médicas entre enero de 2021 y septiembre de 2024. La trama involucra RD$40 millones y a empleados de Senasa y profesionales de la salud.
La solicitud de medida de coerción del caso Senasa 2.0 revela que la investigación surgió a partir de una denuncia interpuesta por el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Según el documento, la entidad recibió informaciones sobre 'actos fraudulentos' en las autorizaciones de procedimientos médicos y consultas de afiliados, cometidos a través de su gerencia de salud y afiliación.
La denuncia precisa que entre enero de 2021 y septiembre de 2024 las irregularidades se cometían utilizando los números telefónicos 809-457-0438, 849-855-3822 y 809-617-2093, desde los cuales se llamaba al call center de Senasa para solicitar autorizaciones de cirugías, consultas especializadas y procedimientos ambulatorios que luego los afiliados no reconocían. Las operaciones suman hasta el momento RD$40,000,000.00, con el fin de estafar al Estado a través del Sistema de Seguridad Social.
Ante estos hechos, Senasa puso la situación en conocimiento del Ministerio Público, que a través de la PEPCA inició la investigación sobre un 'grupo criminal organizado' conformado por empleados de Senasa y profesionales del sector salud. Según el Ministerio Público, el grupo utilizaba distintas modalidades para obtener montos fuera de los parámetros de pago a prestadores establecidos en la Ley 87-01.
A finales de septiembre de 2025, el exdirector ejecutivo del Senasa, Santiago Hazim, reveló que fue su gestión la que presentó formalmente la denuncia ante el Ministerio Público en noviembre de 2024, a través de la Consultoría Jurídica, acompañada de documentos que evidenciaban el esquema de fraude. El presidente Luis Abinader también se refirió al tema a principios de septiembre de ese año, confirmando que las pesquisas se realizan a raíz de una solicitud del Gobierno dominicano en noviembre de 2024.
