Experto cuestiona que pago de dinero se use para justificar indulgencia en caso de abuso
La sentencia que declara penalmente responsable a Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una menor, pero le concede perdón judicial, genera dudas jurídicas. Aquí le explicamos por qué el componente económico no borra el delito principal.
La controversia en la sentencia contra Wander Franco no radica únicamente en que fuera declarado penalmente responsable de abuso sexual y psicológico contra una menor, sino en que, pese a ello, se le concediera un perdón judicial sustentado en circunstancias que también lo presentaban como víctima de chantaje y extorsión. Ese razonamiento, según el análisis, introduce una peligrosa confusión jurídica y moral.
Debe quedar claro que existen responsabilidades distintas y no intercambiables. Una cosa es la responsabilidad atribuida a Martha Vanessa Chevalier por abuso psicológico, comercialización de persona menor de edad y chantaje; otra, completamente diferente, es la responsabilidad declarada respecto de Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una menor. Que la madre haya sido condenada no borra ni disminuye el hecho principal por el cual el tribunal sostuvo responsabilidad penal contra Franco.
En el ordenamiento jurídico dominicano, el componente económico de un caso como este no puede reducirse simplemente a una extorsión posterior. La legislación reconoce la figura de explotación sexual comercial de niño, niña o adolescente, y tanto el Ministerio Público como CONANI han reiterado que entregar dinero a cambio de relaciones sexuales con una persona menor de edad también constituye delito. La acusación incluyó violaciones a los artículos 25, 396 literal B, 409 y 410 de la Ley 136-03.
El mensaje que deja esta sentencia es el más peligroso, advierte el análisis. Sugiere que alguien puede ser declarado responsable de abuso sexual y psicológico contra una menor y, aun así, neutralizar la consecuencia penal al presentarse también como víctima de circunstancias posteriores. La complejidad del caso no puede servir para diluir las jerarquías fundamentales de protección.
