Proyecto de ley | Lo aprobó la Cámara de Diputados en dos lecturas y la pieza pasa ahora al Senado de la República para su tramitación constitucional Estudiantes dominicanos en España.
Creado: 02.09.2026 | 17:02 Actualizado: 02.09.2026 | 17:02 La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que instituye el Sistema Nacional de Becas, un marco regulatorio orientado al financiamiento de la educación superior y técnica que introduce un régimen de compromisos financieros y penales para los beneficiarios y funcionarios.
El texto legislativo, propuesto por el diputado José Caraballo, establece la obligación legal de que los estudiantes patrocinados para cursar estudios en el extranjero retornen al país por un lapso de dos a cinco años para ejercer sus profesiones.
El incumplimiento de esta disposición implicará la devolución parcial o total de los recursos invertidos por el Estado.
Nacionales Ashlye Caraballo La normativa regula además el desempeño académico y el uso de los fondos asignados.
El incumplimiento de la entrega de documentos o la actualización de datos acarreará amonestaciones escritas y la suspensión temporal de los desembolsos, mientras que la utilización de los recursos en fines distintos a los autorizados conllevará el reintegro de los montos y una inhabilitación de tres años para futuras convocatorias.
El proyecto tipifica como causales de cancelación definitiva la falsificación de documentos, el fraude y la manipulación de registros académicos.
En estos supuestos, la sanción comprende el pago íntegro de los fondos percibidos, la prohibición de postularse a programas de becas por un periodo de hasta diez años y la remisión del expediente al Ministerio Público para su procesamiento penal.
En el ámbito administrativo, la iniciativa contempla penalidades para los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, favoritismo o asignación irregular de becas, sujetándolos a la Ley de Función Pública, la legislación de Compras y Contrataciones y las normativas contra el lavado de activos, aunque el proyecto omite la especificación concreta de las sanciones aplicables.
El órgano rector del sistema, denominado Conabe, operará bajo la coordinación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), y estará integrado por representantes de los ministerios de Educación, Trabajo y Juventud, el Infotep, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), instituciones de educación superior privadas, el ITLA y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
La pieza pasa ahora al Senado de la República para su tramitación constitucional.
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