
Informe presentado en Bogotá revela intimidaciones y restricciones al ejercicio periodístico
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este domingo en Bogotá que las amenazas contra periodistas, incluidas de muerte, se han incrementado en Perú, un fenómeno que afecta la labor informativa y la democracia en la región.
En el marco de su 82 Asamblea General, que concluyó este domingo en Bogotá, la SIP señaló que las intimidaciones contra comunicadores en Perú 'no son nuevas', pero 'hasta hace algunos años no constituían un fenómeno tan frecuente'. El informe mencionó el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo el pasado 19 de septiembre en la ciudad norteña de Caraz, en un caso de presunto sicariato.
La organización también advirtió que el nuevo Congreso peruano ha realizado 'acciones que afectaron el ejercicio periodístico'. Entre ellas, periodistas fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva, y en agosto el diputado Aldo Bravo propuso modificar el Código Penal para establecer como agravante la apología del delito 'mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión', propuesta que fue retirada tras diversas críticas.
El informe destacó que más de 60 periodistas peruanos fueron afectados por agresiones de diverso tipo durante el primer trimestre de este año, en la etapa preliminar de la primera vuelta de las elecciones de abril. El 69 % de los casos fue atribuido a candidatos y el 64 % correspondió a discursos estigmatizantes, aunque también se registraron amenazas y agresiones físicas.
Durante la cobertura electoral de la primera vuelta, realizada el 12 y 13 de abril, ocho periodistas resultaron afectados, entre ellos Ysrael Rivera, reportero de Radio Uno, de la región sureña de Tacna, quien fue detenido por un policía mientras cubría el retiro de material propagandístico de partidos políticos en zonas cercanas a centros de votación. En junio, el Tribunal Constitucional ordenó al diario El Comercio aplicar el derecho al olvido y eliminar tres artículos publicados en 2014.


