Organismo advierte señales de restricción al periodismo en el país
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano sobre la permanencia de información periodística en plataformas digitales, al rechazar un recurso que buscaba eliminar publicaciones de y Google LLC de 2019 sobre una persona investigada en el caso César el Abusador. El organismo también advirtió sobre señales que requieren atención en el ejercicio del periodismo.
La SIP, en sus informes por país presentados en la 82ª Asamblea General que concluye este domingo en Bogotá, señaló que en República Dominicana se mantiene un ambiente favorable para las libertades de prensa y expresión, pero identificó restricciones relacionadas con el acceso a fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el deterioro del ecosistema informativo digital.
El Tribunal Constitucional rechazó en septiembre pasado un recurso que buscaba la eliminación de publicaciones de y Google LLC realizadas en 2019 sobre una persona investigada en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. El Tribunal consideró que la información provenía de fuentes oficiales, era de interés público y no se había demostrado que fuera falsa, además de que las publicaciones daban cuenta de una investigación y no presentaban al reclamante como culpable.
La SIP calificó la sentencia como particularmente relevante para el equilibrio entre libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido. Asimismo, el documento recopiló episodios de agresión o restricciones durante coberturas periodísticas, como el de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, empujado por un agente penitenciario el 15 de mayo, y el de Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, agredido y despojado de su teléfono a finales de julio mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia regional.
El organismo también expresó preocupación por disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública por sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios. A estos desafíos se suma el deterioro del ecosistema informativo digital, donde la desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas han ganado presencia, facilitando el uso de una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear.
