El lunes 29, en dos lecturas consecutivas y con carácter de urgencia, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley remitido desde el Senado que reforma algunos artículos de la Ley General de Gestión Integral de Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), la cual, a su vez, fuera aprobada por los senadores el pasado miércoles 24, bajo la misma modalidad de urgencia.
“Todo está consumado”
En sólo cuatro días laborables el congreso conoció y aprobó una ley que nadie pidió, confundiendo urgencia con transparencia; trámite con debate; conocimiento con discusión; y aprobación con imposición.
La mayoría mecánica del PRM se impuso.
En puridad, esa mayoría ejercida es consecuencia de la delegación electoral por parte del pueblo soberano, eso no hay ni que discutirlo.
En términos de realpolitik, sobra decir que “el poder es para usarse” (voz en OFF de todo a quien el poder hace perder la noción de la realidad, el tiempo y el espacio).
En términos prácticos, parecería que el gobierno entendió que gobernar es decidir, y, finalmente decidió dotarse de las leyes que estima necesarias y convenientes (lo de, ¿para beneficiar a quién?, es otra discusión).
Con el hecho consumado, un congreso empoderado de su rol mayoritario, y embelesado con su hípermayoría mecánica, lo que queda es rogar para que, con el mismo ímpetu indetenible que hace caso omiso a los reclamos del sector empresarial nacional –que pide mesura, reflexión y discusión ante el aumento unilateral [inconsulto] de los montos [desproporcionados] de la contribuciones para la gestión integral de residuos–, los legisladores se dispongan a aprobar algunas de las leyes que llevan años (¡y hasta décadas!) discutiéndose en el Congreso Nacional.
Tendremos una modificación de la ley de residuos, aprobada en una semana [en formato supositorio], pero aún no tenemos las reformas en los Códigos Laboral, Civil, de Procedimiento Civil, Comercial, de Niños, Niñas y Adolescentes; o en las leyes de Seguridad Social, Reforma Policial; o leyes nuevas y esenciales, como la de Agua, etc.
O las leyes de Fiscalización y Control del Congreso, indulto, referendo, plebiscito, y las más de 70 leyes ordenadas por la Constitución de 2010, cuyo cumplimiento ha sido reiterado por varias sentencias del Tribunal Constitucional, y que la Disposición Transitoria Octava de la Constitución de 2024 ordena que sean realizadas [todas], a más tardar en 2028.
La Constitución ordena, el Estado necesita y el país reclama que este congreso abuse de manera positiva de su poder, dando curso y aprobación a todas estas leyes pendientes y urgentes; leyes que mejorarían la calidad de vida del dominicano, aumentarían la seguridad jurídica y modernizarían el marco legislativo; y no que ese poder se use para atropellar sin ni siquiera guardar las formas, haciendo quedar mal a un presidente que se verá en la disyuntiva de promulgar el mamotreto, para hacerlos quedar bien, u observarla, para él no quedar mal.
Pronto lo sabremos.
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