El , Saneamiento y Reúso para , financiado con del , representa una de las inversiones más ambiciosas en infraestructura hídrica que ha visto la región este.
Pero ninguna cifra, por generosa que sea, garantiza éxito si la que administra el proyecto repite los vicios que han hundido tantas iniciativas públicas dominicanas: discrecionalidad, opacidad y captura política.
La pregunta no es si el dinero llegará, sino si sobrevivirá al sistema que lo gestiona.
La más favorable, con proyectos de infraestructura gubernamentales, ha sido, en el mejor de los casos, mixta.
traen cambios de prioridades, de personal técnico y, con frecuencia, de rumbo institucional completo.
Un proyecto de esta envergadura, estratégico, con horizontes de ejecución que exceden un período presidencial, no puede quedar sujeto a esa.
En RD no es un secreto para nadie que la puramente estatal, sin contrapesos, es estructuralmente vulnerable al clientelismo y a la falta de continuidad técnica.
Por eso el —un con representación del Estado, y — no es una concesión ideológica, sino una arquitectura de protección institucional.
Cada pilar cumple una función insustituible.
El Estado, a través de , aporta la legitimidad regulatoria y la capacidad operativa técnica: administrar el sistema día a día es, correctamente, su responsabilidad.
Pero la operación no debe confundirse con la gestión y decisión estratégicas.
El —representado por actores como , , Adecla, con presencia directa en el corredor destino turístico Punta Cana, aporta algo que el aparato estatal rara vez tiene: disciplina financiera, visión de sostenibilidad a largo plazo y un interés económico directo en que el sistema funcione.
La industria turística que sostiene la economía de la región no puede permitirse un ineficiente; su participación en las decisiones fundamentales convierte ese interés en garantía institucional.
La , por su parte, aporta lo que ni el Estado ni el pueden ofrecer por sí solos: y vigilancia ciudadana.
Un proyecto de esta magnitud que afecta directamente el acceso al agua de comunidades locales no puede diseñarse ni ejecutarse a espaldas de quienes lo viven.
Su presencia en el es la diferencia entre un proyecto impuesto y un proyecto apropiado por la población.
Juntos, estos tres pilares constituyen algo más que una fórmula de reparto de poder: constituyen un sistema de donde ninguna decisión fundamental depende de un solo actor.
La operación queda en manos técnicas de , pero las decisiones que determinan sostenibilidad, tarifas, inversión y transparencia ante el dependen de un que ningún cambio de gobierno puede desmantelar de un plumazo.
no solo necesita un y un sistema de saneamiento.
Necesita un sistema de que garantice que, dentro de veinte años, el agua siga llegando con la misma eficiencia con la que hoy se firma el contrato.
El no es un lujo institucional: es la única garantía real de que este proyecto sobreviva a quien gobierne..
