Sentencia beneficia a conductores de todo el país y sienta precedente contra el edadismo
El Tribunal Constitucional anuló la disposición que reducía a dos años la vigencia de las licencias de conducir para mayores de 75 años, tras una batalla judicial que comenzó con el periodista Silvio Cabrera en 2024 y que también involucró al juez José Alejandro Vargas en mayo de 2026.
La controversia se originó cuando a Silvio Cabrera, periodista, se le informó en el Intrant que por superar los 65 años su licencia solo tendría vigencia de dos años y debía pagar la misma tarifa que una de cuatro años. Cabrera consideró la medida una violación a sus derechos y, junto a José Antonio Torres, Héctor Minaya, Leo Corporán y Christian Oviedo, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
A esa acción se sumó la demanda de los hermanos Fanny Josefina y Héctor Manuel Melo Abreu, que llegó al Tribunal Constitucional. La sentencia TC/0904/26 anuló la disposición de los dos años para mayores de 75. Para Héctor Minaya, la decisión representa un hito en el fortalecimiento del Estado social democrático de derecho y la garantía de derechos fundamentales.
Minaya destacó que el fallo se basa en principios como igualdad y no discriminación, seguridad jurídica, proporcionalidad, dignidad humana e inclusión, y reconoce la autonomía, movilidad y libre desarrollo de la personalidad de las personas adultas mayores. La controversia se avivó cuando el juez José Alejandro Vargas denunció en mayo de 2026 que el Intrant le aplicó la misma restricción, lo que hizo público en redes sociales con un escrito titulado 'Barriendo la dignidad de los envejecientes'.
Cinco días después de esa denuncia, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 330-26, que intentó corregir la situación pero mantuvo la restricción de los dos años para quienes superaran los 75. Mientras los periodistas mantenían su recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, los hermanos Melo Abreu llevaron el caso al TC mediante una Acción Directa de Inconstitucionalidad, que culminó con la sentencia de septiembre de este año que anuló la norma.
