Política

Tribunal Constitucional condena a la JCE a pagar RD$2.8 millones por no entregar actas de nacimiento sin restricciones

La sanción acumulada durante 1,443 días afecta a ciudadana que necesitaba documentos para trámites personales

El Tribunal Constitucional condenó a la Junta Central Electoral a pagar 2,886,000 pesos a Esthefpanie Casado Díaz por incumplir una sentencia de amparo que ordenaba expedir su acta de nacimiento y la de sus dos hijas sin la leyenda restrictiva 'autorizada a expedir única y exclusivamente para fines judiciales'.

La sentencia TC/0939/26, aprobada por mayoría, establece que la JCE incumplió el mandato judicial al entregar las actas con una observación que limitaba su uso, lo que impedía a la ciudadana realizar trámites normales de su vida pública y privada. La astreinte de 2,000 pesos diarios se acumuló desde el 24 de febrero de 2021, cuando fue notificada la sentencia de amparo, hasta el 6 de febrero de 2025, fecha en que se depositó el recurso de revisión.

El caso se originó en la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Azua, que acogió parcialmente la acción de amparo el 8 de febrero de 2021 y ordenó a la JCE expedir los documentos. La JCE alegó haber cumplido con la entrega, pero el TC determinó que la leyenda restrictiva equivalía a un incumplimiento, pues 'la expedición de un acta de nacimiento con una inscripción que limite su uso y alcance implica un incumplimiento del mandato legal y, en este caso, también judicial'.

La JCE había iniciado una demanda de nulidad por doble declaración, acogida inicialmente por un tribunal de Azua el 29 de diciembre de 2022, que anuló el acta de Casado Díaz. Esa decisión fue revocada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal mediante la Sentencia Civil núm. 443-2023, que rechazó la nulidad y ordenó emitir las actas. El TC explicó que, aunque la conclusión de primera instancia podía considerarse fundada en su momento, la situación procesal cambió tras la revocación.

El magistrado Amaury A. Reyes Torres salvó su voto y coincidió con la condena, mientras que la decisión deja constancia de otro voto salvado de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, pendiente de incorporación. Para liquidar la astreinte, el TC verificó que la sentencia fue notificada, el plazo vencido y que la JCE no cumplió efectivamente la orden.

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