TEGUCIGALPA. – La desaparición de personas en Honduras continúa siendo una «crisis persistente» relacionada con fenómenos como la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales, advirtió este jueves la comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.
Durante una reunión entre el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, Izaguirre llamó a las instituciones hondureñas a reforzar la coordinación para responder de manera rápida a las denuncias de desaparición.
La defensora también urgió al Congreso a aprobar una Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familiares, que permita establecer mecanismos efectivos de búsqueda, protección y acompañamiento.
«En Honduras, la desaparición de personas constituye una crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones, incluyendo la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales», afirmó Izaguirre.
La funcionaria consideró que la desaparición constituye una grave violación de los derechos humanos, debido a que la incertidumbre sobre el paradero de una persona y la falta de respuestas estatales afectan tanto a sus familiares como al conjunto de la sociedad.
«Un minuto no es solo tiempo, es la diferencia entre perder y encontrar a una persona», enfatizó.
Izaguirre señaló que las autoridades deben garantizar derechos fundamentales como el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos, así como fortalecer los mecanismos para iniciar las búsquedas de manera inmediata.
También pidió a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio Público involucrarse activamente en las acciones de concienciación y mejorar la respuesta institucional frente a las denuncias.
La ausencia de registros oficiales consolidados dificulta conocer la magnitud real del problema. Sin embargo, organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos calculaban hasta mediados de 2025 unos 890 casos, de los cuales 814 correspondían a hondureños migrantes cuyo paradero se desconoce.
A esta situación se suma el registro del Banco Forense, que contaba con alrededor de 1.872 perfiles genéticos de familias hondureñas que buscan a personas desaparecidas.
Como parte de los esfuerzos institucionales, en agosto de 2024 fue aprobado el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, elaborado con la participación de distintas instituciones y el apoyo del CICR. El mecanismo busca estandarizar los procedimientos y garantizar que las investigaciones comiencen de manera inmediata.
No obstante, el Conadeh y las organizaciones de familiares consideran que aún es necesario reforzar el marco legal del país mediante la aprobación de una legislación específica que establezca obligaciones claras para las autoridades y garantice protección y acompañamiento a las familias.
La defensora insistió en que una respuesta eficaz requiere coordinación entre las instituciones y herramientas jurídicas que permitan actuar con rapidez ante cada denuncia, bajo estándares internacionales de derechos humanos.
