Decreto 330-26 extiende validez del documento y refuerza seguridad vial en todo el país
El presidente Luis Abinader dispuso ampliar la vigencia de las licencias de conducir para mayores de 65 años mediante el decreto 330-26, dado a conocer la noche del viernes por la Presidencia. La medida responde al cuestionamiento público del magistrado del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas, quien calificó como discriminación por edad la renovación limitada a dos años.
El decreto 330-26, revelado la noche del viernes por la Presidencia de la República, modifica el Reglamento de Licencias de Conducir para extender la validez del documento a los ciudadanos mayores de 65 años, quienes a partir de ahora podrán renovarlo por un plazo superior a los dos años que se establecían anteriormente.
La decisión surge luego de que el magistrado del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas cuestionara públicamente la disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Vargas calificó como una "discriminación por edad" que la renovación para los mayores de 65 años estuviera limitada a dos años, mientras que el proceso ordinario se realiza cada cuatro años.
El juez relató que, al acudir el pasado viernes a una oficina del Intrant para renovar su licencia, fue informado sobre la restricción. Explicó que, aunque no reaccionó con enojo, sintió frustración al considerar que la medida vulneraba el principio de igualdad consagrado en la Constitución dominicana.
La nueva disposición se fundamenta en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El decreto establece además que el período de vigencia podrá reducirse si las evaluaciones médicas determinan que el conductor presenta alguna condición de salud que pueda afectar una conducción segura. Asimismo, mantiene las evaluaciones periódicas físicas, mentales y de aptitud requeridas para conducir, reitera la prohibición de circular con la licencia vencida y advierte que los infractores serán remitidos al Intrant para la aplicación de las sanciones correspondientes. El Poder Ejecutivo instruyó al órgano regulador del tránsito a implementar de inmediato las medidas administrativas necesarias para aplicar los cambios de manera oportuna.
