La artista denuncia amenazas constantes y una transferencia de RD$300,000 como parte de la investigación
La cantante urbana Yailin La Más Viral habría solicitado a las autoridades la ejecución de una orden de arresto en una investigación por presunta extorsión, amenazas y acoso cibernético, según revelaciones del periodista Ramón Tolentino. La artista asegura que ella, su familia, amistades y su hija viven en constante intranquilidad.
Durante una intervención en el programa Esto No es Radio Show, el periodista de investigación Ramón Tolentino expuso nuevos detalles del caso. Señaló que la estructura denunciada presuntamente involucraría a una persona recluida en un centro penitenciario y a un intermediario que operaría desde el exterior. El nombre señalado como presunto intermediario es José Joel Matos Lenin.
De acuerdo con la información presentada, se habría utilizado un número telefónico para contactar a la artista y enviarle imágenes y videos de contenido explícito, acompañados de exigencias económicas. Como parte de las acciones para documentar la presunta extorsión y sustentar la denuncia ante el Ministerio Público, Yailin habría realizado una transferencia de RD$300,000 a una cuenta bancaria perteneciente a Darivel Montero Severino.
Según lo expuesto por Tolentino, la joven habría sido utilizada presuntamente por su exesposo, Matos Lenin, para recibir el dinero, sin que ella tuviera conocimiento previo de la operación. En medio de la situación, la intérprete manifestó su preocupación a través de un mensaje de voz dirigido al periodista, en el que pidió a las autoridades actuar para ejecutar la orden de arresto.
“Estoy totalmente desesperada, pidiéndole a la justicia que por favor ejecute esa orden de arresto”, expresó la artista, quien aseguró que tanto ella como sus amistades, familiares y su hija permanecen intranquilos mientras el proceso continúa pendiente. Tolentino indicó que la defensa legal de la artista habría confirmado la existencia de una orden de arresto emitida por un magistrado vinculado al caso en la Fiscalía del Distrito Nacional, específicamente en el área de Propiedad Intelectual y Delitos Tecnológicos (DICAT), la cual aún no habría sido ejecutada.
