Experto del Ministerio Público analiza en Puerto Plata los retos jurídicos que afectan a la región Sur.
El magistrado Merlín Mateo, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, disertó en el II Congreso Internacional de Derecho en Puerto Plata sobre el impacto del nuevo Código Penal en las garantías constitucionales, un tema clave para la protección de los derechos de los ciudadanos del Sur.
SAN FELIPE DE PUERTO PLATA.- El magistrado Merlín Mateo, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, participó como conferencista en el II Congreso Internacional de Derecho, celebrado en San Felipe de Puerto Plata. Durante su intervención, desarrolló la conferencia titulada “Los derechos fundamentales en el nuevo Código Penal: ¿avances o retrocesos?”, en la que analizó las principales novedades de la nueva legislación penal dominicana y sus implicaciones para el ordenamiento jurídico nacional.
Mateo abordó aspectos relacionados con la democracia, la libertad de expresión, los límites del poder punitivo del Estado y la necesidad de preservar las garantías constitucionales durante la aplicación del nuevo Código Penal. Sus reflexiones adquieren especial relevancia para la región Sur, donde comunidades como Barahona, Azua y Pedernales esperan que la implementación de la ley respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
El magistrado destacó la importancia de que la implementación de esta legislación tenga siempre como eje central el respeto, la protección y la garantía efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas. Esto es particularmente significativo en zonas como el Sur, donde el acceso a la justicia y la protección estatal son esenciales para el desarrollo local y la convivencia pacífica.
Asimismo, valoró positivamente el intercambio de ideas producido durante el congreso y agradeció la oportunidad de compartir sus reflexiones con juristas, académicos, estudiantes y demás participantes. La celebración del II Congreso Internacional de Derecho constituye un espacio para el análisis y el debate sobre los principales desafíos que enfrenta el sistema jurídico, así como para promover una aplicación de las leyes acorde con los principios democráticos y constitucionales, un compromiso que también debe llegar a los tribunales y comunidades del Sur.
