Comunidades fronterizas piden mayor vigilancia ante el uso de caminos y carreteras por redes de poteas
Residentes de varias comunidades de Dajabón y Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi, denuncian que el tráfico ilícito de migrantes haitianos utiliza caminos alternativos y rutas para evadir controles, lo que genera temor e incertidumbre en las familias de la zona fronteriza.
El temor y la incertidumbre se han convertido en parte de las preocupaciones de comunidades de la provincia Dajabón, donde el tráfico ilícito de migrantes haitianos es señalado como una amenaza creciente para la tranquilidad de las familias, la seguridad ciudadana y el orden social en esta zona fronteriza. La situación denunciada abarca comunidades como Guayajayuco, Restauración, Loma de Cabrera, Santiago de la Cruz, Campeche, Chacuey, Partido, La Gorra y Santa María, y se extiende hacia Las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi.
Según las denuncias comunitarias descritas, personas vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, conocidas popularmente como poteas, utilizarían motocicletas, vehículos privados y guaguas de transporte para movilizar extranjeros, aprovechando caminos alternativos y rutas que permitirían evadir los controles establecidos. Entre los ciudadanos que han denunciado esta situación figuran Juan Soto, residente en la comunidad de Chacuey; Rigoberto Contreras, de Guayajayuco; y Ana Lucía Cruz, de Clavellina, quienes reclaman mayor vigilancia y acciones efectivas frente al traslado irregular de extranjeros por caminos y carreteras de la frontera.
Uno de los señalamientos más delicados apunta hacia la presunta anuencia de miembros de organismos castrenses destacados en la frontera, bajo cuya vigilancia se estarían produciendo algunos de estos desplazamientos. Estas acusaciones requieren una investigación independiente y no constituyen, por sí solas, pruebas de complicidad militar. Sin embargo, su gravedad plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles, la supervisión de los puestos militares y la posible participación de agentes del Estado en actividades ilícitas. La preocupación aumenta por el temor de que las rutas utilizadas para el tráfico de migrantes también puedan ser aprovechadas por estructuras delictivas dedicadas al contrabando de mercancías, armas y sustancias prohibidas, aunque no se han presentado evidencias específicas de estas conexiones en los casos denunciados.
Detrás de este problema existe una realidad humana que va más allá de los operativos militares y las estadísticas migratorias. Para las familias que viven en los pueblos fronterizos, la seguridad de sus comunidades representa una condición indispensable para trabajar, desplazarse, desarrollar sus actividades comerciales y criar a sus hijos en un ambiente de tranquilidad. La persistencia de las denuncias también amenaza con deteriorar la confianza de los residentes en las instituciones responsables de proteger la soberanía y combatir las redes criminales. Mientras tanto, los propios migrantes trasladados clandestinamente quedan expuestos a redes de explotación, accidentes y otras situaciones que pueden poner en peligro sus vidas. La situación plantea preguntas que merecen respuestas de las autoridades militares, la Dirección General de Migración y las instancias de seguridad del Estado.
