Abogados explican el trámite ante Migración y la Procuraduría para viajar sin restricciones
Cuatro abogados advierten que las alertas migratorias son ilegales si no hay orden judicial y recomiendan a los ciudadanos acudir a la Procuraduría General o a Migración para confirmar su estado y evitar contratiempos al viajar.
Los penalistas José Valdez, Manuel Soto Lara, Cándido Simó y Freddy Díaz sostienen que un impedimento de salida del país solo procede mediante orden judicial y que las alertas migratorias son ilegales. Para los ciudadanos que enfrentan este inconveniente, recomiendan acudir a la Procuraduría General a depositar certificaciones que demuestren que no tienen casos pendientes en los tribunales o decisiones de jueces que les prohíban viajar.
Si la persona estuvo en un proceso judicial, debe presentar las certificaciones de sentencias en las que se haya levantado el impedimento o fallos que concluyeron a su favor. Los abogados explican que para confirmar si existe algún impedimento se puede solicitar una certificación de estado en la Dirección General de Migración, que se expide únicamente a la persona afectada, o acudir a la Procuraduría General, aunque señalan que en esta última suelen ser reacios a dar información.
La Procuraduría General informó el martes que solicitó a Migración levantar cualquier alerta e impedimento de salida que no haya sido emitida por un tribunal. Según el órgano persecutor, tras más de seis meses de trabajo con la DGM y una auditoría de tres décadas de datos acumulados sin actualización de oficio, se eliminó esa traba a 56,140 personas cuyos registros carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito.
Los abogados José Valdez y Freddy Díaz indican que en Migración se debe pagar 2 mil pesos para hacer la solicitud y confirmar si se tiene o no impedimento. El caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez ilustra la situación: en septiembre del año pasado, el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal, acogió un habeas data y ordenó a Migración entregar el documento que dispuso la restricción migratoria en noviembre de 2020 y junio de 2021, con una sanción de 30,000 pesos por cada día de retraso, pero según su abogado Carlos Balcácer, Migración nunca entregó la documentación.
