Gobierno sigue sin acuerdo con Anadegas para evitar desconexión en 780 estaciones
El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones con Anadegas para evitar que 780 estaciones desconecten sus verifones el 25 de septiembre, sin una propuesta concreta anunciada. Los consumidores que pagan con tarjeta son los más expuestos.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó este martes que varias instituciones del Estado trabajan en la búsqueda de una salida al conflicto entre Anadegas y los proveedores de sistemas electrónicos de pago. Las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades oficiales.
El anuncio se produce más de dos meses después de que el Gobierno y Anadegas acordaran el pasado 7 de julio darse un plazo de 30 días para buscar una solución y crear una mesa de trabajo para evaluar el esquema de comisiones aplicado a las transacciones con tarjetas. Ese plazo transcurrió sin que se anunciara públicamente un acuerdo. Alcántara no precisó qué fórmula se negocia actualmente, si los proveedores han planteado una reducción de las comisiones ni si existe una nueva fecha límite.
Anadegas reclama una modificación de las comisiones aplicadas a las transacciones con tarjetas de crédito y débito. El gremio sostiene que esos cargos consumen alrededor del 27 % del margen bruto que obtiene una estación por cada galón vendido. Representantes de la asociación han señalado que algunas estaciones pagan tasas de entre 1.95 % y 3 % sobre el valor de las transacciones y han propuesto reducirlas a alrededor de 0.3 % o establecer un cargo fijo.
Entre enero y mayo de 2026, las compras de combustibles realizadas con tarjetas alcanzaron 41,002.1 millones de pesos. Anadegas fijó el 25 de septiembre como fecha para desconectar los dispositivos de pago en sus 780 estaciones afiliadas. Su presidente, Juan Elías Pérez, ha sostenido que las comisiones hacen insostenible el esquema actual y que la decisión fue consensuada entre las regionales de la organización. Alcántara insistió en que una disputa comercial entre detallistas y proveedores de servicios financieros no debe terminar trasladándose al consumidor: "Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado".
