Datos oficiales revelan desplome del sector y silencio gubernamental ante la crisis
El sector agropecuario dominicano enfrenta una crisis profunda: aporta solo el 4.3% al PIB, ha perdido 84 mil empleos desde 2019 y los programas de fomento agrícola cayeron del 26% en 2020 al 13% en 2025. A pesar de esto, el Gobierno mantiene políticas permisivas y no impulsa decisiones estructurales clave como la complementación de Monte Grande.
Los productores más avanzados, al recibir promesas del Presidente, sienten halago porque no asumen un modelo de gestión distinto al histórico, inspirado en una visión muy estatal y no liberada del cómodo abrazo paternal. Estos siempre han tenido mucho peso, pero tienen un escenario internacional que puede sorprenderles y convertirles en débiles fuera del mercado.
Durante seis años, el Gobierno ha lucido terco y permisivo, propiciando un círculo íntimo cargado de ineptitud y arrastrando todas las lacras de la corrupción. El sector aporta un débil 4.3% al PIB, con baja participación del crédito, y los programas de fomento agrícola han caído de 26% en 2020 a un 13% en 2025. La asistencia técnica también se desplomó de 1.7% a 0.3% en el mismo periodo.
Para rematar, las importaciones alcanzan US$6,000 por año, mientras la pérdida de empleo suma 84 mil plazas desde 2019. El Gobierno autorizó importar 67 alimentos básicos a tasa cero obedeciendo a una estrategia de política reeleccionista, y hasta el Bagrícola fue repartido entre amiguetes. A todo esto, silencios cómplices.
Este es un Gobierno reelegido y ya luce cansado y roto, por lo que se hace difícil encadenar políticas más participativas e inclusivas que son claves para un sector amenazado. El Gobierno a sus pocas iniciativas le da carácter de escenografía política como lo vimos en el XXVIII foro de la JAD, pero cuando se trata de una decisión estructural de envergadura como complementar Monte Grande, huye a su compromiso. Definitivamente el agro carece de prioridad.
