Gremio pide al Gobierno no derogar decreto sin garantías para el sector arrocero
La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) aseguró que República Dominicana no está preparada para la apertura total del mercado del arroz del DR-CAFTA, tras la solicitud de Estados Unidos de derogar el Decreto 693-24. La medida pondría en riesgo a unos 30,000 productores y la principal producción agrícola del país.
La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) advirtió que el país no está preparado para enfrentar la apertura total del mercado del arroz establecida en el DR-CAFTA, luego de que Estados Unidos solicitara derogar el Decreto número 693-24. En un comunicado, el gremio explicó que durante 20 años se debió modernizar el sistema de producción con una verdadera política nacional de competitividad arrocera, responsabilidad que atribuye al Estado y a las administraciones pasadas.
ANPA señaló que Estados Unidos no solo busca eliminar un decreto, sino ampliar el acceso de su arroz al mercado dominicano bajo las condiciones del acuerdo comercial. Advirtió que los productores tendrían que competir con una agricultura estadounidense altamente tecnificada, con mayor escala, mejores financiamientos y apoyos estatales, lo que no sería una competencia entre iguales.
La eventual eliminación de la protección arancelaria del Decreto 693-24 podría comprometer el futuro de aproximadamente 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas, cerca de 14.8 millones de quintales de arroz y una cadena económica que mueve más de RD$45,000 millones anuales. El gremio indicó que una apertura repentina podría reducir los precios pagados a los productores, acumular cosechas, aumentar el endeudamiento, disminuir las áreas sembradas y provocar cierres de factorías y empresas relacionadas.
ANPA también advirtió que el país podría perder su autosuficiencia y depender de las importaciones para abastecer un alimento esencial. Aunque algunos argumentan que la entrada de arroz importado reduciría los precios para los consumidores, no hay garantía de que esa diferencia llegue a las familias, debido a los costos de almacenamiento, procesamiento, transporte, distribución y márgenes de comercialización. Una vez debilitada la producción nacional, el país quedaría expuesto a aumentos de precios internacionales, crisis logísticas, conflictos, fenómenos climáticos y decisiones de países exportadores. Por eso, ANPA recomienda respetar los compromisos internacionales pero defender la capacidad de producir alimentos fundamentales, y pide al Gobierno no aceptar la derogación sin contar previamente con medidas de mitigación.
