Comunidades del Sur observan con atención el pulso judicial que involucra al BCRD
Santo Domingo.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció que recurrirá en casación la sentencia que le ordena pagar US$5 millones al Consorcio Méndes Junior Méndez Cabral, un caso que, aunque se dirime en la capital, impacta la estabilidad financiera que respalda proyectos y remesas en la región Sur.
La decisión del BCRD de apelar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fue comunicada este jueves, en medio de lo que la entidad califica como una campaña de presión mediática del consorcio para cobrar el monto. Para los residentes de Barahona y demás provincias del Sur, el desenlace es clave, pues un fallo definitivo podría afectar las reservas que sostienen inversiones en turismo, agricultura y obras públicas.
El BCRD rechazó que la sentencia tenga carácter definitivo con autoridad de cosa juzgada, y advirtió que los embargos retentivos interpuestos ante instituciones financieras internacionales son 'abusivos e irresponsables'. En la región Sur, donde muchas familias dependen de remesas y del comercio local, cualquier presión sobre el banco central genera preocupación por posibles efectos en la liquidez del sistema.
El comunicado oficial, difundido en respuesta a la 'campaña de presión mediática' del Consorcio Méndes Junior Méndez Cabral, subraya que la sentencia aún no es ejecutable. Abogados consultados en Barahona explican que, si la SCJ acoge el recurso, se evitaría un precedente que podría facilitar embargos contra instituciones estatales, algo que afectaría la confianza en los proyectos de desarrollo del Sur.
Mientras el caso avanza en los tribunales de Santo Domingo, líderes comunitarios y comerciantes del Sur siguen de cerca las noticias. La sentencia también incluye el pago de las costas del proceso, un detalle que, según analistas locales, podría sentar una jurisprudencia importante para futuras disputas contractuales con el Estado dominicano.
El BCRD insiste en que intentar ejecutar una sentencia no definitiva mediante embargos retentivos 'constituye un desconocimiento arbitrario del ordenamiento jurídico'. Para el Sur, la resolución final no solo definirá el futuro de los US$5 millones, sino también la protección de los recursos públicos que financian servicios esenciales en la región.
