La red criminal desmantelada por el mediante la no solo utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos, sino que también habría desarrollado un esquema para ocultar y movilizar los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas, empresas remesadoras y otros métodos.
Según las investigaciones, la organización operaba desde el municipio de , en la provincia Santiago, y estaba dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en territorio estadounidense, haciéndose pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales como el para intimidar a las víctimas, exigir pagos y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
El explicó que, una vez obtenían el dinero, los integrantes de la estructura recurrían a distintos para dificultar el rastreo de los recursos y encubrir a los verdaderos de los recursos.
Entre los tácticas utilizadas figuraban transferencias electrónicas, depósitos a través de empresas remesadoras, transferencias espejo, plataformas de pago y el uso de incluyendo una de las monedas digitales más utilizadas a nivel mundial.
Las autoridades sostienen que estas operaciones formaban parte de un esquema de de activos diseñado para dar de legalidad a los fondos obtenidos mediante La investigación también determinó que muchas de las eran realizadas a nombre de previamente identificados por las autoridades, una práctica que, según el , buscaba dificultar la trazabilidad del dinero y "dificultar la trazabilidad de los fondos y su origen ilícito".
Asimismo, el expediente indica que "la de un estatus de económico por parte de los miembros de la organización criminal incentivaba la incorporación de nuevas personas, principalmente, ".
De acuerdo con un comunicado del órgano persecutor, durante realizados en Santiago y Puerto Plata fueron arrestadas 20 personas, incluidos los presuntos de la estructura criminal Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Además, fueron detenidos Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, de la estructura y otras ocho personas permanecen bajo investigación, mientras las autoridades a vinculado a la red criminal.
De acuerdo con el expediente, la organización contaba con integrantes que dominaban el idioma y utilizaban herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante y posteriormente someterlas a extorsión y chantaje siguiendo guiones previamente elaborados.
Los imputados serán sometidos a la justicia por presunta violación a las leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego..
