Justicia impone tres años y reglas de conducta a Miguelina Bello Segura por caso Operación Pandora
El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, implicada en la sustracción de casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. La sentencia, tras un acuerdo con el Ministerio Público, incluye suspensión parcial de la pena y arresto domiciliario.
El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, a quien se le imputó en noviembre de 2024 haber vendido clandestinamente a nacionales haitianos municiones de diversos calibres pertenecientes a la Policía Nacional. La jueza Kenya Romero homologó el acuerdo con el Ministerio Público, que establece la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas.
Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y, durante el período de suspensión, cumplir condiciones como residir en un domicilio fijo, notificar cualquier cambio al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena, abstenerse de viajar al extranjero sin permiso judicial, no portar armas de fuego ni abusar de bebidas alcohólicas, y presentarse mensualmente ante la autoridad correspondiente.
El caso forma parte de la Operación Pandora, lanzada por el Ministerio Público contra varios oficiales de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas, y el capitán Nelson Valdez, quienes enfrentan juicio de fondo junto a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. A estos acusados se les varió la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, contrato de fianza e impedimento de salida del país.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 5 de noviembre de 2026 a las 3:00 de la tarde. En septiembre pasado, el procesado Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario, se clausuró definitivamente la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., y se le impuso una multa de 10 salarios mínimos del sector público, además del decomiso de los bienes incautados.
