Organización denuncia propuesta que daría al secretario de Defensa poder para clasificar datos sin clasificar
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el Departamento de Defensa de Estados Unidos impulsa una propuesta que, de aprobarse en el Congreso, permitiría bloquear el acceso público a una amplia cantidad de información. La iniciativa otorgaría al secretario de Defensa la facultad de designar unilateralmente información de interés público como 'información controlada no clasificada' (CUI), eximiéndola de divulgación.
La SIP, en su informe sobre libertad de prensa, señaló que la propuesta busca que el secretario de Defensa pueda elegir no publicar información sin clasificar que actualmente debe revelarse según las leyes estatales de acceso a recursos públicos o FOIA, en sus siglas en inglés. Según la organización, si el cambio entra en vigor, 'cualquier información que el Gobierno no quiera divulgar' podría ser designada como CUI y mantenerse reservada.
La SIP también cuestionó otras medidas de la Administración Trump que, a su juicio, buscan 'impedir a periodistas' el acceso a áreas 'clave' y ha 'intensificado sus ataques' contra el acceso a la información. Entre esas acciones mencionó el veto temporal en septiembre a 'MS Now', 'Político' y 'CNN', este último también vetado del conocido como 'pool', la rotación de medios para la cobertura audiovisual del presidente.
Asimismo, la organización apuntó a la revisión de las licencias de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) de las estaciones de 'ABC' bajo la acusación de 'prácticas discriminatorias de contratación' y a la limitación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de la duración de las visas para periodistas extranjeros.
En la actualidad, las visas permiten a los periodistas extranjeros permanecer en el país, en la práctica, durante la duración de vigencia del visado, pero la nueva norma limitará su permanencia a 240 días, período tras el cual deben volver a probar su vinculación con el medio. La SIP considera que esta norma 'genera preocupación' ante la posibilidad de que funcionarios gubernamentales utilicen esta más frecuente renovación para denegar solicitudes a periodistas que hagan coberturas más críticas.
