El órgano de control revisó contratos por más de RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones en todo el país
La Contraloría General de la República inspeccionó 337 inmuebles alquilados por instituciones públicas entre marzo y agosto de 2026, un proceso que alcanzó demarcaciones como Barahona y que busca verificar que los contratos respondan a necesidades reales del Estado.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, informó que de los 337 inmuebles evaluados, 328 recibieron autorización de no objeción. El proceso abarcó contratos por un monto conjunto superior a RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, según detalló la institución.
Las inspecciones fueron realizadas por el Departamento de Ingeniería y Arquitectura, que revisó 243 inmuebles y otorgó 236 autorizaciones, y por la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, que evaluó otros 94 y autorizó 92. En total se recibieron 351 solicitudes, de las cuales 14 quedaron pendientes o programadas.
El reporte indica que las inspecciones tienen alcance nacional, aunque los mayores montos contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo. También registra operaciones en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades. Entre los inmuebles evaluados predominan oficinas, almacenes y estacionamientos, así como centros educativos privados usados para docencia pública.
Espinosa destacó que estas verificaciones permiten incorporar un criterio técnico al uso de recursos públicos y fortalecer los controles antes de que las instituciones asuman compromisos contractuales. “Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real y reunir las condiciones que justifiquen su contratación”, expresó. Las inspecciones son obligatorias desde el 1ro. de marzo de 2026 por normativa de la Contraloría.
